Oswaldo Betancort advierte de que “cada construcción ilegal tiene un impacto directo sobre el paisaje y los recursos naturales de la isla”
El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Medio Ambiente, tramitó durante el año 2025 un total de 115 expedientes por infracciones urbanísticas y medioambientales vinculadas principalmente a construcciones sin licencia, instalaciones de estructuras permanentes fuera de la legalidad y otras actuaciones contrarias a la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Según el informe remitido a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, los municipios con mayor número de denuncias fueron Haría, con 31 expedientes, y Teguise, con 27. Les siguen Tinajo (18), Yaiza (14) y Tías (11). Arrecife (8) y San Bartolomé (6) registraron las cifras más bajas, en parte debido a su menor extensión de suelo rústico y espacios naturales protegidos.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señaló que estos datos evidencian la importancia de cumplir la normativa urbanística y ambiental en un territorio “limitado y especialmente frágil”, recordando que cualquier actuación ilegal en suelo rústico o protegido tiene consecuencias directas sobre el paisaje, los recursos naturales y el modelo territorial de la isla.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, explicó que la mayoría de los expedientes corresponden a edificaciones levantadas sin licencia municipal, ocupaciones de suelos no habilitados o incumplimientos de las autorizaciones concedidas. Martín destacó además la labor continuada de los Agentes de Medio Ambiente, que desarrollan tareas de vigilancia e inspección en coordinación con otras administraciones.
Desde el Área de Medio Ambiente se recuerda que, en los últimos cuatro años, se han tramitado alrededor de 670 expedientes similares en Lanzarote, lo que pone de manifiesto la persistencia de esta problemática y la necesidad de combinar el control con la concienciación ciudadana.
El Cabildo insiste en la importancia de informarse previamente antes de realizar cualquier actuación en suelo rústico o en espacios protegidos, ya que construir sin licencia o instalar estructuras permanentes al margen de la ley puede conllevar sanciones económicas y daños ambientales difíciles de revertir.
Asimismo, la Corporación insular trabaja en la elaboración de un catálogo detallado de infracciones, que permitirá trasladar a los ayuntamientos una radiografía clara de las irregularidades más frecuentes detectadas en cada municipio, con el objetivo de mejorar la coordinación institucional y reforzar las tareas de prevención.
