El Grupo Parlamentario VOX ha registrado este lunes en el Parlamento de Canarias una Proposición de Ley con el objetivo de prohibir el uso del velo integral —como el nicab o el burka— en el conjunto del Archipiélago. La formación enmarca la iniciativa en la “dignidad de las mujeres” y la “seguridad ciudadana” en el espacio público.
Según expone VOX en la exposición de motivos, la propuesta responde a la preocupación del partido por lo que considera la importación de “hábitos y comportamientos ajenos” a las sociedades occidentales, vinculándolo a las políticas migratorias del Gobierno central. La formación liderada por Santiago Abascal sostiene que normalizar el uso del burka o el nicab “supondría admitir como corriente una costumbre” que, a su juicio, es incompatible con el modo de vida occidental.
VOX defiende que estas prendas representan una posición subordinada de la mujer en la familia y la sociedad, y afirma que su utilización implica “erradicación de la identidad personal” y “sometimiento al varón”. Asimismo, señala que elevará al debate parlamentario una petición para que se impulsen modificaciones legislativas a nivel estatal con el fin de evitar, según argumenta, posibles contradicciones con la normativa vigente.
Como antecedentes, VOX cita experiencias de otros países europeos donde se han adoptado medidas para limitar el uso de prendas que ocultan el rostro en espacios públicos, mencionando casos como Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suiza. La formación también alude a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1 de julio de 2014 (caso S.A.S. v. Francia), que avaló la existencia de una “justificación objetiva y razonable” para este tipo de restricciones.
En su argumentario, VOX asegura que la cuestión “trasciende los sentimientos religiosos” y la vincula a lo que denomina “ideología islamista”, defendiendo que la sociedad canaria “no puede aceptar” medidas que, a su juicio, eliminan la identidad de las mujeres de la vida social.
La proposición queda ahora a la espera de su tramitación parlamentaria, donde deberá ser debatida y sometida a votación conforme al procedimiento establecido en la Cámara autonómica.