“Gobernamos sin deuda, con planificación y resultados que hablan por sí solos”, destaca el alcalde Isidro Pérez.
El Ayuntamiento de San Bartolomé ha cerrado el ejercicio 2024 con unas cuentas ejemplares, según la auditoría de gestión del Gobierno de Canarias en el marco del Fondo Canario de Financiación Municipal. El informe confirma un superávit ajustado de 4,99 millones de euros, una ejecución del 99,7% en inversiones y deuda financiera cero, situando al municipio entre las referencias de buena gestión económica en el Archipiélago.
Estos resultados fueron presentados en la sesión plenaria extraordinaria celebrada recientemente, donde se puso de manifiesto la sólida trayectoria de progreso económico del Consistorio y el cumplimiento de todos los indicadores de salud financiera.
El alcalde, Isidro Pérez, valoró el dictamen como “una prueba irrefutable del compromiso del Ayuntamiento con la responsabilidad, la transparencia y el bienestar vecinal”, subrayando que “se ha gobernado sin deuda, con planificación y con resultados que hablan por sí solos, trazando una línea donde los objetivos propuestos al inicio del mandato se materializan en hechos”.
Entre los hitos que recoge el informe destacan:
Recaudación tributaria del 99,3%, reflejo de eficacia en la gestión de ingresos.
Carga financiera mínima (0,1%), manteniendo el endeudamiento en niveles residuales.
Ejecución presupuestaria sólida en todas las áreas, con inversiones útiles y orientadas al servicio público.
Ingresos y gasto corriente por habitante por encima de la media canaria, evidencia de una gestión equilibrada y enfocada en la calidad de los servicios.
El concejal de Hacienda, Antonio Rocío, resaltó que “este reconocimiento anima a seguir trabajando con rigor, demostrando que es posible gestionar con eficiencia, priorizando el ahorro, la inversión útil y la estabilidad presupuestaria, donde las vecinas y los vecinos son los grandes beneficiarios”.
El Ayuntamiento atribuye estos resultados al trabajo coordinado del equipo de gobierno y del funcionariado municipal, a la planificación presupuestaria y a la ejecución responsable de los recursos públicos, que han permitido impulsar proyectos de inversión sin recurrir al endeudamiento y garantizar la prestación de servicios esenciales con solvencia.
