
Cristina Valido lamenta que “el respeto a los derechos estatutarios dependa del número de escaños de quien los reclama”
El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves, con los votos en contra del PSOE, PP y Vox, la enmienda presentada por Coalición Canaria para reconocer de forma expresa el encaje y las funciones del Cuerpo de Policía Canaria como policía judicial en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La iniciativa, defendida por la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, pretendía dotar de seguridad jurídica a unas funciones que ya ejercen las policías autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra, y que el Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce para el cuerpo policial canario.
Valido lamentó que “una vez más quede evidente que el respeto a los derechos estatutarios depende del número de escaños de quien los reclama”, y denunció que la enmienda haya sido considerada “intrusa” pese a su coherencia jurídica y constitucional. “Me faltaría tiempo para hablar de enmiendas intrusas en leyes que apoyan al Gobierno o a la oposición. La diferencia entre que una iniciativa sea intrusa o no es el número de escaños”, advirtió durante su intervención.
La diputada nacionalista defendió que reconocer de manera expresa a la Policía Canaria como policía judicial supondría “una mejora real del modelo de seguridad” y reforzaría la lucha contra la delincuencia, además de aprovechar mejor los recursos públicos que el Gobierno de Canarias está destinando al fortalecimiento del cuerpo.
Valido recordó que, en la práctica, la Policía Canaria ya colabora de forma habitual con juzgados y fiscalía ante la falta de efectivos de otros cuerpos, y puso como ejemplo que el juzgado de Las Palmas especializado en delitos contra la infancia y la adolescencia encarga a este cuerpo buena parte de sus investigaciones. Asimismo, señaló que los agentes también asumen, a requerimiento judicial, tareas como la protección de menores o la vigilancia de centros sanitarios.
“Negar ahora esa plena operatividad es desaprovechar recursos, evitar la eficacia y la eficiencia de la inversión pública que se está realizando para incrementar la seguridad”, subrayó Valido, quien insistió en que lo planteado por Coalición Canaria “es de justicia” y coherente con el Estatuto de Autonomía.
La enmienda proponía, además, que el Cuerpo de Policía Canaria se rigiera principalmente por la normativa autonómica, aplicándose la ley estatal de forma supletoria, y contemplaba la creación de unidades específicas de Policía Judicial dentro del cuerpo, adscritas a juzgados, tribunales o fiscalía en función de criterios de especialización.
Desde Coalición Canaria se considera que el despliegue progresivo de la Policía Canaria en todas las islas hace imprescindible ordenar y reconocer de forma clara su papel como policía judicial, garantizando así una mayor eficacia en la investigación de delitos y en la protección de los derechos de la ciudadanía.