Declaraciones de Oswaldo Betancort (audio):
El Consorcio del Agua de Lanzarote y el Cabildo de Lanzarote han recibido con satisfacción la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria, que inadmite el recurso presentado por Canal Gestión Lanzarote contra la decisión del Consorcio de elevar a la Comisión de Precios de Canarias la revisión de tarifas correspondiente a los ejercicios 2020 a 2024.
El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, destacó que “esta sentencia confirma que el Consorcio ha actuado conforme a la legalidad y siguiendo escrupulosamente el procedimiento establecido. Este presidente y este grupo de Gobierno no van a poner en riesgo el dinero público, como pasó en la pasada Legislatura, a cuenta de una subida de tarifas que no tiene la autorización del órgano competente”.
Betancort recordó que durante el anterior mandato se abonaron 1,5 millones de euros a Canal Gestión como anticipo de una subida de tarifas que posteriormente fue desestimada por la Comisión de Precios de Canarias, una cantidad que el Consorcio del Agua reclama ahora a la concesionaria. Asimismo, señaló que el anterior grupo de gobierno tenía consignados en los presupuestos de 2023 otros 3 millones de euros más por el mismo concepto.
La resolución judicial concluye que el acuerdo del Consorcio de remitir la revisión tarifaria a la Comisión de Precios constituye un acto de mero trámite, sin contenido decisorio propio y, por tanto, no susceptible de impugnación autónoma. En consecuencia, la magistrada acuerda la inadmisión del recurso sin imposición de costas.
El fallo también aclara que la actuación del Consorcio se limita a dar cumplimiento a la cláusula 3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que establece que las tarifas, una vez aprobadas por el Consorcio, deben someterse al órgano autonómico competente en materia de precios.
El presidente del Consorcio insistió en que la posición del actual grupo de gobierno es clara: “primero debe existir una autorización válida de la Comisión de Precios y una resolución firme que permita aplicar cualquier actualización tarifaria. Mientras eso no ocurra, no se puede comprometer ni un solo euro de los ciudadanos”.
Por su parte, el consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, subrayó que la revisión de tarifas debe tramitarse “con todas las garantías jurídicas, respetando tanto el contrato con Canal como la normativa autonómica en materia de precios autorizados, y evitando decisiones que puedan generar inseguridad jurídica o perjuicios económicos para la institución insular”.
Desde el Consorcio del Agua se considera que esta resolución judicial refuerza la hoja de ruta seguida hasta ahora en defensa del interés general de Lanzarote y La Graciosa, garantizando la seguridad jurídica y la protección de los recursos públicos.
