Pablo Rodríguez: “Buscamos seguridad jurídica y una gestión cercana que proteja la costa sin expulsar la actividad”
El Gobierno de Canarias ha iniciado formalmente la elaboración de la futura Ley de Gestión del Litoral y las Costas de Canarias, una norma autonómica con la que el Ejecutivo pretende adaptar la legislación estatal a las singularidades del archipiélago y, de forma especial, a la realidad de islas como Lanzarote, donde la costa concentra población, servicios, turismo y actividades tradicionales en un territorio limitado y ambientalmente sensible.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, informó este lunes al Consejo de Gobierno sobre los objetivos y principios generales de la iniciativa legislativa, impulsada a través de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario. “Buscamos seguridad jurídica y una gestión cercana que proteja la costa sin expulsar la actividad”, señaló.

La toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno abre el procedimiento para redactar el anteproyecto de ley. La propuesta se enmarca en el Programa Legislativo de la XI Legislatura (2023-2027) y da cumplimiento al artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación y gestión del litoral, respetando el régimen general del dominio público marítimo-terrestre.

Tras el traspaso efectivo de medios y servicios en 2023, la gestión del litoral se ha venido desarrollando conforme a la normativa estatal, sin una adecuación específica a las particularidades territoriales, ambientales y socioeconómicas del archipiélago. Con esta futura ley, el Ejecutivo autonómico pretende dotarse de un instrumento jurídico propio que integre la ordenación del litoral en la planificación ambiental, territorial y urbanística de Canarias, refuerce la seguridad jurídica y establezca un marco competencial y procedimental más claro.

En islas como Lanzarote, la franja costera soporta una elevada presión por la concentración de usos, la actividad turística y la presencia de espacios de alto valor natural y biodiversidad marina. En este contexto, el Gobierno defiende que la gestión del litoral debe contemplar una visión integral y coordinada, capaz de compatibilizar la protección ambiental con el mantenimiento de actividades sociales y económicas que históricamente se desarrollan en la costa, teniendo en cuenta que no siempre resulta viable trasladarlas hacia el interior.

La futura norma se inspirará en principios como el desarrollo sostenible, la gestión integrada del litoral, la conservación prioritaria de los ecosistemas costeros, la adaptación al cambio climático, la participación ciudadana y la mejor evidencia científica disponible. Asimismo, atenderá al reparto de competencias entre la Administración autonómica, los cabildos y los ayuntamientos, con el objetivo de garantizar una actuación coherente y coordinada.

Con este inicio de tramitación, el Gobierno de Canarias persigue que el archipiélago cuente con un marco normativo propio que permita ejercer plenamente sus competencias en ordenación y gestión del litoral desde la cercanía institucional y con responsabilidad ambiental.