Lanzarote En Pie (LEP) ha denunciado que el Ayuntamiento de Arrecife ejecutó solo el 3,83% del presupuesto de Vivienda correspondiente a 2025, dejando sin utilizar la mayor parte de los fondos previstos para ayudas al alquiler y rehabilitación de viviendas.

Según expone la organización, el área de Vivienda contó con una partida de 1,1 millones de euros, de los que solo se habrían gastado 43.932 euros, una cifra que, a juicio de LEP, evidencia una grave falta de gestión en un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda.

La portavoz de Lanzarote En Pie, Leticia Padilla, afirma que “no estamos ante un simple problema administrativo, sino ante una posible negligencia de gestión. El Ayuntamiento diseñó un sistema que impedía acceder a las ayudas y lo mantuvo todo un año mientras dejaba fuera a muchas familias”.

En relación con las ayudas al alquiler, LEP asegura que de los 220.000 euros presupuestados apenas se destinaron 1.500 euros durante todo 2025. En cuanto a la rehabilitación de viviendas, de los más de 877.000 euros disponibles solo se habrían ejecutado algo más de 42.000 euros.

Padilla considera que estos datos reflejan “la incapacidad del gobierno municipal para responder a la realidad social de Arrecife” y sostiene que el problema no fue la falta de recursos económicos, sino la ausencia de un sistema eficaz para convertir ese presupuesto en ayudas reales. “No faltó dinero, faltó voluntad de resolver”, señala.

Desde LEP también critican las condiciones fijadas en las bases aprobadas en 2025 para acceder a estas ayudas. Entre ellas, destacan el límite de 600 euros de alquiler mensual, unos topes de ingresos que consideran demasiado estrictos y un procedimiento administrativo lento, acompañado de requisitos documentales que, según denuncian, no se ajustaban a una situación de emergencia habitacional.

“No se puede atender una emergencia habitacional con un modelo pensado para retrasar, baremar y bloquear. Cuando una familia no puede pagar su alquiler, la administración no puede responder seis meses después”, lamenta la portavoz.

La organización interpreta que la reciente modificación de las bases y la revisión de los requisitos económicos suponen, en la práctica, un reconocimiento de que el sistema aplicado durante 2025 no respondía a la realidad social del municipio.

Por ello, Lanzarote En Pie exige ahora al grupo de gobierno que garantice que los cambios introducidos se traduzcan en ayudas reales, accesibles y con plazos de resolución razonables, además de un seguimiento público que permita comprobar que los fondos llegan efectivamente a las familias que los necesitan.

Padilla concluye defendiendo que “la vivienda no puede seguir tratándose como un anuncio ni como una promesa aplazada. Hablamos del derecho de la gente a seguir viviendo dignamente en su ciudad. Gobernar también es cuidar, y cuidar empieza por garantizar que quien necesita ayuda la reciba”.