La MERP reclama el blindaje constitucional de las pensiones y advierte: “No pueden quedar a merced de intereses partidistas”
La MERP ha rechazado que la revalorización anual de las pensiones vuelva a depender de una votación parlamentaria sujeta a los intereses partidistas de cada grupo político en el Congreso de los Diputados.
Desde la plataforma consideran que quienes representan a la ciudadanía deben “poner todos los medios y dar los pasos necesarios” para que la revalorización de las pensiones quede aprobada de forma inmediata cada año, garantizando así su aplicación efectiva y evitando que se genere “inseguridad y desconfianza” entre los pensionistas.
La MERP ha subrayado que no acepta participar en lo que califica como un “reparto de culpas y responsabilidades”, al entender que las pensiones públicas son un asunto que concierne al conjunto de la sociedad. “Lo que debe producirse es un acuerdo en horas para que la revalorización quede aprobada”, han señalado sus portavoces.
La plataforma, integrada por más de 500 organizaciones de todo el país, ha valorado que el resultado de la reciente votación parlamentaria vuelve a poner de manifiesto, “por segunda vez en un año”, la necesidad de blindar las pensiones en la Constitución, prohibiendo tanto su privatización como la pérdida de poder adquisitivo.
Según la MERP, si este blindaje constitucional se recoge en la Carta Magna, “este Gobierno, los que vengan y todos los grupos del Congreso estarán obligados a cumplir el mandato constitucional”, dotando a las pensiones de una protección superior a la actual, ya que “no están reconocidas como un derecho constitucional”.
Asimismo, la plataforma ha insistido en que “el blindaje constitucional de las pensiones es la mejor defensa del estado del bienestar”, especialmente en un contexto de “incertidumbre política y económica, tanto a nivel nacional como internacional, en el que los derechos conquistados no pueden darse por garantizados”.
Por último, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones ha anunciado que prepara movilizaciones a finales del mes de febrero en todo el país en defensa del sistema público de pensiones, con el objetivo de reivindicar el blindaje constitucional como la mejor garantía para el presente y el futuro del estado del bienestar.
