Imagen del deslinde en tramitación en Caleta del Sebo. Fuente/Foto: Comunidad Energética “El Sol de La Graciosa”.
La entidad denuncia falta de información pública y consenso, advierte de un posible precedente para otros núcleos costeros de Lanzarote y anuncia mociones urgentes en el Cabildo y el Ayuntamiento de Teguise
El colectivo subraya que el posible impacto no se limita a La Graciosa, ya que, a su juicio, podría sentar un precedente para otros núcleos costeros consolidados de Lanzarote como Punta Mujeres, Arrieta o La Santa, con un “efecto dominó” en términos de planificación, usos y seguridad jurídica. No obstante, insiste en que el efecto más inmediato sería sobre Caleta del Sebo, al afectar directamente a usos residenciales y al futuro del pueblo.
En su argumentación, “El Sol de La Graciosa” sostiene que la propuesta supone un cambio radical respecto al marco histórico y jurídico que ha definido al pueblo durante décadas. En ese sentido, recuerda que una Orden de 1965 declaró la isla propiedad del Estado y reservó expresamente una zona para la expansión de Caleta del Sebo, reconociendo la existencia de un núcleo con necesidades presentes y futuras. Añade que, actualmente, la custodia del patrimonio corresponde al Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del mismo ministerio, lo que —señalan— hace aún más difícil de justificar una injerencia que consideran contradictoria desde otra dirección del propio departamento estatal.
La entidad también pone el foco en la evolución del planeamiento y la normativa insular, recordando que desde 1973 se reconoce a Caleta del Sebo como núcleo urbano, y que el deslinde aprobado en 1987 (DL-65-LP) incorporó gráficamente una servidumbre de tránsito y una servidumbre de protección de 10 metros, conforme a la normativa de ese momento. Asimismo, alude al planeamiento municipal vigente (Normas Subsidiarias de Teguise) que clasifica el ámbito como suelo urbano consolidado, y a la regulación ambiental posterior del Archipiélago Chinijo.
A este contexto se suma —según la Comunidad Energética— el contenido del PORN aprobado por Decreto 100/2023, que define Caleta del Sebo como un ámbito antropizado donde se consideran admisibles usos residenciales, turísticos e infraestructuras, siempre bajo criterios de sostenibilidad. Desde su punto de vista, la ampliación de la servidumbre a 100 metros tendría consecuencias “asfixiantes”, al inutilizar funcionalmente una parte relevante del único núcleo poblacional de un territorio ya “hiperprotegido”, con restricciones que podrían afectar a la vivienda y a la continuidad vital del pueblo.
En declaraciones incluidas en el comunicado, el presidente de la entidad, Nahum Cabrera, alerta del impacto social y cultural de la medida: “Costas nos quiere quitar nuestras casas, que forman parte de la historia y la memoria de La Graciosa (…) Hacerlo así, de forma arbitraria y sin consenso, destruye la identidad de nuestra tierra”.
La organización señala además que La Graciosa se encuentra inmersa en proyectos europeos de sostenibilidad orientados a la autonomía energética y la economía circular, y considera que la situación evidencia una paradoja: “se exige sostenibilidad mientras se anula, en la práctica, la posibilidad de residir, planificar y desarrollar el pueblo”. También denuncian lo que califican como un modelo que prioriza lo mercantil frente a la vida comunitaria, al permitir determinados usos económicos dentro de la misma servidumbre mientras se restringen otros vinculados a la residencia.
Por último, “El Sol de La Graciosa” anuncia que promoverá mociones urgentes en el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Teguise para exigir una revisión exhaustiva y una justificación técnica y legal detallada de la ampliación, así como un diálogo real, participativo y transparente que compatibilice la protección ambiental con el derecho al desarrollo sostenible y a la vida comunitaria. “El futuro de La Graciosa no puede decidirse en despachos ni imponerse sin consenso”, concluye el comunicado.
