Juan Manuel Sosa, en una imagen de archivo de su etapa en el Cabildo de Lanzarote
El tribunal atribuye al propio interesado la responsabilidad al no comunicar la pérdida de su condición de portavoz
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso interpuesto por Juan Manuel Sosa Rodríguez y ha confirmado la nulidad de su situación administrativa, estableciendo además la obligación de devolver las retribuciones públicas percibidas indebidamente.
Según recoge la sentencia, el recurrente continuó percibiendo retribuciones públicas sin cumplir los requisitos legales exigidos, al haber perdido la condición necesaria para mantener su situación administrativa.
El fallo señala que el propio interesado se encontraba “en mejor posición para conocer y corregir la irregularidad” y subraya que conocía desde diciembre de 2019 la pérdida de su condición de portavoz, requisito imprescindible en este caso.
Asimismo, el tribunal indica que esa circunstancia no fue comunicada a la Administración, que no podía actuar sobre una información que desconocía. Por ello, concluye que “la responsabilidad primaria recae en el propio apelante”.
En relación con las cantidades percibidas, la sentencia establece que será la administración autonómica la encargada de exigir la devolución de los importes indebidamente recibidos.
La resolución se limita al ámbito administrativo del caso y fija las consecuencias jurídicas derivadas de la situación analizada.
Pedro San Ginés, en una imagen de archivo.
Tras conocerse la resolución, Coalición Canaria en Lanzarote ha reclamado la depuración de responsabilidades políticas. El secretario general de la formación en la isla, Pedro San Ginés, afirmó que “la Justicia certifica que se sostuvo una mayoría política sobre una situación ilegal de cobro de dinero público”, una situación que, según señaló, su partido venía denunciando desde hace años y que tuvo consecuencias en el ámbito político.
