El PSOE de Lanzarote ha acusado al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, de haber llevado a la isla a “la mayor crisis del agua” tras tres años de “bandazos, improvisación y ausencia de planificación”, a raíz de la apertura del procedimiento para la resolución del contrato con Canal Gestión.

La secretaria general del PSOE de Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha asegurado que esta decisión supone una rectificación tardía y evidencia, a su juicio, el fracaso de la gestión del actual grupo de gobierno en materia hídrica.

“Betancort ha arrastrado a Lanzarote a tres años de caos con el agua para terminar donde el PSOE ya había empezado. Ha pasado una legislatura entera dando bandazos, encadenando anuncios contradictorios y sin ser capaz de definir una salida seria para la crisis hídrica de la isla”, afirmó Corujo.

Desde el PSOE sostienen que la gestión del agua durante este periodo ha estado marcada por decisiones cambiantes, entre ellas el planteamiento de inversiones públicas en actuaciones que correspondían a la concesionaria, el cese del gerente del Consorcio, la declaración de emergencias hídricas y, finalmente, la apertura del proceso de resolución del contrato.

La dirigente socialista ha señalado que estos cambios de rumbo se han producido mientras persistían los problemas en el suministro, con cortes recurrentes, una red deteriorada y pérdidas de agua elevadas.

Asimismo, el PSOE ha recordado que ya advirtió de los riesgos de una posible cesión del contrato sin garantías jurídicas suficientes, especialmente en lo relativo a posibles litigios o reclamaciones económicas. En este sentido, Corujo ha afirmado que la cesión no podía plantearse como una solución sin cerrar previamente todas las implicaciones legales.

La formación también ha vinculado la actual situación al modelo de gestión implantado en 2013 bajo gobiernos de Coalición Canaria, al considerar que ha derivado en un deterioro progresivo del servicio y en un aumento de los costes para la ciudadanía.

Por último, el PSOE ha defendido la necesidad de un cambio de modelo hacia una gestión pública del agua. Corujo ha insistido en que se trata de un servicio esencial que no debe estar sujeto a criterios de rentabilidad empresarial, y ha apostado por una gestión pública que permita reinvertir en infraestructuras, reducir pérdidas y garantizar el interés general.