El presidente de la Corporación Insular, Oswaldo Betancort, recuerda que el Cabildo no concede licencias de construcción ni de demolición, ya que esa competencia corresponde a los ayuntamientos
Los servicios jurídicos de la Corporación han asumido directamente la representación del Cabildo de Lanzarote en el procedimiento judicial relativo al hotel Papagayo Arenas, revocando un escrito que fue presentado sin su conocimiento ni autorización y cuyo contenido no respondía al criterio de la Asesoría Jurídica.
En noviembre de 2024 ya la Presidencia comunicó a Asesoría Jurídica del Cabildo que asumiera la dirección letrada de los procesos judiciales en los que fuera parte el Cabildo para garantizar la objetividad e imparcialidad de la representación legal de la Institución insular.
En consonancia, el pasado día 19 de septiembre de 2025, la Asesoría Jurídica del Cabildo se personó en un procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas, en el que se dilucida la ejecución de sentencia que anuló la licencia de agrupación de dos parcelas en las que se encuentra construido el hotel Papagayo Arenas del año 1999 y otras dos resoluciones de los años 2002 y 2003, otorgadas por el Ayuntamiento de Yaiza.
El mismo día 19 de septiembre se comunicó a la hasta entonces procuradora del proceso, que la Asesoría Jurídica había asumido la representación del Cabildo en ese procedimiento. Sin embargo, la procuradora, obviando la comunicación que se le realizó, presentó posteriormente un escrito ante el Juzgado sin firma de letrado, aunque presumiblemente elaborado por quien había llevado el asunto hasta entonces.
El documento contenía expresiones impropias que excedían del tono institucional exigible, cuestionando el proceder del Ayuntamiento de Yaiza en el expediente de legalización en curso e imputándole responsabilidades por no haberse demolido aún el hotel, cuando tales planteamientos ya habían sido descartados en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 14 de diciembre de 2023, que estableció con claridad que corresponde al Ayuntamiento pronunciarse sobre la posible legalización del establecimiento y en la que se reprochó al Cabildo que no hubiese resuelto aún el expediente de autorización turística, trámite previo y necesario para que el Ayuntamiento de Yaiza pudiera resolver el expediente de legalización.
Ante esta actuación irregular, los servicios jurídicos solicitaron al juzgado que el escrito presentado no fuera tenido en cuenta por incumplir las exigencias procesales y, de manera colegiada, suscribieron un informe que elevaron a la Presidencia para su conocimiento.
Por su parte, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha ordenado la apertura de una investigación interna para esclarecer cómo se produjo esta situación y bajo qué condiciones se contrató al letrado externo. Betancort ha querido dejar constancia de su respaldo absoluto a los servicios jurídicos, recordando que “las batallas políticas deben resolverse en las urnas y nunca en los tribunales”, y subrayando que “quien represente al Cabildo lo ha de hacer siempre con un riguroso decoro y con el máximo respeto hacia otras administraciones, a sus representantes públicos y a toda la ciudadanía”.
Por su parte, los Servicios Jurídicos del Cabildo de Lanzarote insisten en que la competencia para determinar si una edificación es legal o no, corresponde a los Ayuntamientos que ostentan las competencias urbanísticas en sus municipios.
En otras palabras, el Cabildo no da licencias ni tramita los expedientes de legalización, por lo que los pronunciamientos sobre acomodo de las instalaciones hoteleras a los planeamientos municipales están fuera de lugar y suponen una extralimitación de las competencias de la institución insular.
El presidente del Cabildo Oswaldo Betancort recuerda a la ciudadanía que el Cabildo no da ni quita licencias, ni para construir ni para demoler hoteles, siendo esta competencia exclusivamente de los ayuntamientos y que no participará en conflictos jurídicos ni de otra índole con ningún ayuntamiento de la isla, dado que la función del Cabildo es apoyar y ayudar en todo aquello que sea necesario.
El Cabildo reafirma que solo los Servicios Jurídicos de esta Corporación están revestidos de los principios de objetividad, imparcialidad y neutralidad que consagra la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público. Por ello, resulta especialmente grave que se presenten escritos en nombre del Cabildo cuyo contenido no haya sido avalado por la Asesoría Jurídica.
La institución recuerda, asimismo, que el Ayuntamiento de Yaiza y los demás ayuntamientos, sus trabajadores y funcionarios, sus representantes y sus habitantes, tendrán siempre el respeto que merecen de este Cabildo. Las discrepancias políticas no deben trasladarse a los procedimientos judiciales ni comprometer el principio de lealtad institucional que rige entre administraciones.
De este modo, el Cabildo lanzaroteño reafirma su compromiso de actuar con transparencia, bajo el amparo de la legalidad y con la mirada puesta en la defensa del interés general de Lanzarote y La Graciosa.
