El AMPA Alisios del CEIP Playa Honda quiere trasladar públicamente la grave situación de falta de espacios que atraviesa el colegio. Actualmente, las familias y el alumnado carecen de infraestructuras suficientes para desarrollar las actividades educativas y extraescolares en condiciones dignas.
Desde hace meses, hemos solicitado colaboración y soluciones a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Bartolomé, a la Dirección Insular de Educación, y a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna, a pesar de la urgencia del problema y del perjuicio directo que supone para el alumnado.
Ante el silencio institucional, y con el único objetivo de garantizar a nuestros hijos e hijas un entorno adecuado, hemos valorado una alternativa: la adquisición de un espacio modular, cuyo coste asciende a 8.000 euros.
Esta situación nos coloca en una paradoja inaceptable: en un espacio público, las familias nos vemos obligadas a recurrir a inversión privada —mediante patrocinadores o crowdfunding— para cubrir necesidades básicas que deberían ser garantizadas por la Administración.
Marco legal que ampara nuestra reclamación
La legislación vigente reconoce de manera clara las obligaciones de las administraciones educativas:
La LOE/LOMLOE (Ley Orgánica 2/2006, modificada por la Ley 3/2020) establece en sus artículos 118 a 120 que las familias tienen derecho a participar en la gestión de los centros y que las AMPAs deben disponer de espacios adecuados, apoyo material y económico para desarrollar sus funciones.
La Ley Canaria de Educación (Ley 6/2014) y el Decreto 81/2010 refuerzan esta obligación:
La Administración está obligada a dotar de infraestructuras suficientes y a apoyar económicamente a las asociaciones de madres y padres.
Los centros educativos deben garantizar a las AMPAs un espacio físico para sus actividades y facilitar la organización de actividades extraescolares.
Por tanto, si las familias debemos financiar con dinero privado lo que corresponde garantizar a las instituciones públicas, se está produciendo un incumplimiento de estas obligaciones legales y una vulneración del derecho a una educación pública en condiciones de calidad y equidad.
Llamamiento
A las instituciones competentes, para que reaccionen de manera inmediata, asuman sus responsabilidades y garanticen a nuestro alumnado las condiciones educativas que marca la ley.
A la sociedad civil, empresas y particulares, para que, en caso de que las administraciones sigan sin dar respuesta, nos ayuden a sufragar este espacio modular mediante patrocinio o crowdfunding.
No pedimos lujos, solo lo imprescindible: un lugar digno donde nuestros hijos e hijas puedan aprender, convivir y crecer.
Hoy más que nunca, nos encontramos con “el mundo al revés”: familias que, en lugar de recibir el apoyo de las administraciones, se ven forzadas a financiar con dinero privado las carencias de la escuela pública.
