La Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría una proposición no de ley (PNL) de Coalición Canaria para garantizar que el título de familia numerosa pueda reconocerse a ambos progenitores en los casos de custodia compartida. La iniciativa contó con el respaldo de todos los grupos presentes en la comisión, salvo Vox, que se abstuvo.
A través de esta propuesta, el Congreso insta al Gobierno de España a realizar “las actuaciones necesarias” para reconocer el derecho a ostentar el título de familia numerosa a los dos progenitores cuando exista custodia compartida. Además, solicita la aprobación de un Real Decreto Ley que recoja esta realidad y otras nuevas configuraciones familiares, en línea con lo que pretendía la Ley de Familias, actualmente paralizada.
Durante la defensa de la iniciativa, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, subrayó que en numerosos casos de custodia compartida “ambos progenitores tienen las mismas cargas, la misma dedicación y los mismos tiempos”, pero solo uno puede beneficiarse del título y de las ayudas vinculadas. “No parece demasiado lógico”, afirmó.
Coalición Canaria recordó que la Ley 40/2003 de Protección a las Familias Numerosas ya contemplaba este derecho, si bien advirtió de que su aplicación se ha interpretado de forma distinta en cada comunidad autónoma, generando desigualdad entre familias.
La diputada nacionalista señaló que el propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 manifestó su voluntad de corregir esta situación mediante la denominada Ley de Familias, pero lamentó que la tramitación normativa se encuentre en una “parálisis importante”. Por ello, la propuesta aprobada plantea la vía del Real Decreto Ley como fórmula para resolver con urgencia las diferencias de interpretación y garantizar el acceso al título en igualdad de condiciones.
La iniciativa busca, en definitiva, evitar conflictos entre progenitores y reducir problemas que, según Valido, “pagan los niños y las niñas”, reforzando la protección social de estas unidades familiares en todo el Estado.