La Graciosa

Valido traslada a Bolaños las propuestas de Coalición Canaria para hacer frente al impacto económico de la guerra de Irán

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha trasladado al Gobierno de España una serie de medidas para que sean incorporadas al decreto ley que prepara el Ejecutivo con el fin de hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Irán, incluyendo actuaciones específicas para Canarias.

En el marco de la ronda de contactos que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mantenido con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para elaborar un documento respaldado por la Cámara Baja, la diputada de CC ha planteado propuestas dirigidas a atender la realidad singular del archipiélago.

Coalición Canaria recuerda que factores como la condición de región ultraperiférica, la insularidad, la lejanía con los mercados continentales o la singularidad de sus sistemas eléctricos agravan el impacto de cualquier crisis internacional sobre Canarias. Por ello, la formación nacionalista considera indispensable anticipar y poner en marcha medidas de alivio y apoyo económico que protejan a empresas, trabajadores y sectores estratégicos, al tiempo que permitan reducir costes y asegurar la continuidad de la actividad productiva en las islas.

En este sentido, Cristina Valido ha recalcado que “se ha de garantizar que las medidas estatales reconozcan y corrijan desventajas objetivas derivadas de la condición territorial, sin pedir privilegios sino equidad en condiciones”.

Entre las propuestas remitidas, Coalición Canaria plantea reducciones temporales del IGIC en partidas especialmente afectadas por el incremento de los costes energéticos y logísticos, así como medidas para evitar que la subida del petróleo se traslade al precio final de los productos. También propone la creación de un fondo extraordinario de compensación para el transporte marítimo y aéreo de mercancías y la rebaja de tasas aeroportuarias que afectan a la competitividad de sectores clave.

La propuesta incluye además ayudas temporales para sectores especialmente expuestos al encarecimiento de la energía, como el transporte profesional, el sector primario, la industria o las empresas de distribución. Asimismo, se plantea mantener y reforzar las bonificaciones del transporte público para proteger el poder adquisitivo de trabajadores y estudiantes.

Los nacionalistas canarios reclaman también la creación de una línea específica de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para empresas del archipiélago, especialmente pymes y autónomos, con el objetivo de facilitar liquidez ante el aumento de los costes energéticos y logísticos.

En el ámbito social y económico, el documento trasladado al Gobierno central plantea incentivos temporales para actualizar salarios bajos y medios y sostener el poder adquisitivo de las familias, junto a la indexación de los contratos públicos para evitar la paralización de inversiones.

Por otro lado, Coalición Canaria defiende la puesta en marcha de un mecanismo singular de estabilización de los costes energéticos en Canarias y la aceleración de inversiones en redes eléctricas, almacenamiento, autoconsumo y sistemas de respaldo para reforzar la seguridad del suministro y reducir la dependencia del petróleo.

Las medidas remitidas al Ejecutivo incluyen también un programa extraordinario de apoyo a la agricultura, la ganadería y la pesca para compensar el incremento de costes de combustible, insumos y transporte, así como la necesidad de acelerar la inversión energética en las islas ante la actual situación de emergencia.

Asimismo, la propuesta plantea flexibilizar el cumplimiento de la regla de gasto y los criterios de estabilidad financiera por el importe de las medidas que Canarias tenga que adoptar frente a esta crisis. Finalmente, Coalición Canaria subraya que cualquier decreto estatal anticrisis debe incluir una cláusula específica para Canarias que adapte las ayudas a la realidad de las regiones ultraperiféricas.

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Ordenar para proteger Lanzarote y La Graciosa; Por Samuel Martín

Hace unos días el Cabildo de Lanzarote dio un nuevo paso en la tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, tras la aprobación del documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico por parte del Órgano de Evaluación Ambiental Insular. Puede parecer un trámite técnico más, pero en realidad supone un avance decisivo en la ordenación y protección de uno de los espacios naturales más valiosos de nuestro archipiélago.

Los planes y normas territoriales no son simples documentos administrativos. Son, en esencia, herramientas fundamentales para proteger el territorio, ordenar los usos y garantizar que el desarrollo de Lanzarote y La Graciosa sea compatible con la conservación de nuestro patrimonio natural, en conjunción con la calidad de vida de quienes aquí vivimos.

Desde la Consejería de Medio Ambiente somos muy conscientes de ello. El Cabildo es el órgano gestor de los espacios naturales protegidos de la isla, y contar con instrumentos de ordenación claros y actualizados nos permitirá tomar decisiones con mayor seguridad jurídica ante situaciones que afectan directamente a nuestro territorio: desde la regulación de actividades en espacios sensibles hasta la actuación frente a denuncias por usos indebidos del suelo o impactos ambientales.

Por eso quiero aprovechar estas líneas para poner en valor y agradecer el gran trabajo que está realizando la Consejería de Política Territorial que dirige con habilidad mi compañero Jesús Machín, junto a todo su equipo técnico. En apenas tres años de gobierno en el Cabildo, bajo la presidencia de Oswaldo Betancort, se han logrado desbloquear todos los instrumentos de ordenación territorial que durante años permanecieron paralizados.

La realidad es que cuando llegamos al gobierno insular nos encontramos con una situación difícil de justificar: Lanzarote y La Graciosa seguían arrastrando un Plan Insular de Ordenación del Territorio del año 1991, manifiestamente obsoleto y sin capacidad de responder a los desafíos actuales. Peor aún, el conocido Plan de Ezquiaga, que había costado más de 600.000 euros y recogía amplios consensos sociales, fue literalmente tirado a la basura en la pasada legislatura.

Además, éramos la única isla de Canarias que no contaba con un Órgano de Evaluación Ambiental, una herramienta esencial para tramitar y agilizar los planeamientos territoriales. Su creación en este mandato ha sido decisiva para desbloquear documentos clave que hoy avanzan de manera firme.

Gracias a ese trabajo se ha avanzado en la tramitación de instrumentos fundamentales como el Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria, el PRUG del Archipiélago Chinijo, el PORN del Parque Natural de Los Volcanes, las ordenanzas para zonas de acampada o la ordenanza para la implantación de energías renovables, que permitirá establecer con claridad dónde pueden instalarse y dónde no las infraestructuras eólicas o fotovoltaicas, garantizando su compatibilidad con nuestro paisaje.

Pero sin duda uno de los hitos más relevantes son los pasos que se están dando para avanzar en el que será el nuevo Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). Este documento inicial estratégico prevé proteger el 60 % del territorio insular, triplicar el suelo destinado al sector primario y eliminar más de 100.000 metros cuadrados de suelo turístico en Playa Blanca, reclasificándolo como espacio natural protegido.

No se trata solo de ordenar el territorio. Se trata de preservar el medio ambiente, la identidad y la esencia de Lanzarote y La Graciosa. Hablamos de unas islas reconocidas internacionalmente como Reserva de la Biosfera, Geoparque Mundial de la UNESCO y territorio reconocido como Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), distinciones que reconocen un modelo único de relación entre paisaje, cultura y actividad humana. Mantener ese equilibrio exige planificación, regulación, normas claras y decisiones valientes.

Los instrumentos de ordenación permitirán, por ejemplo, regular con precisión determinadas actividades que hoy generan controversia social o impactos ambientales. Entre ellas, cuestiones como la prohibición de la exportación de rofe o la regulación de su extracción, una actividad tradicional que necesita criterios claros sobre dónde puede realizarse y en qué condiciones para evitar la degradación del paisaje.

Del mismo modo, estos planeamientos permitirán ordenar claramente actividades recreativas motorizadas en el medio natural, como los recorridos en buggies o quads, estableciendo itinerarios autorizados y limitaciones en zonas especialmente sensibles para evitar daños en el suelo, en la flora o en espacios protegidos.

También resultarán fundamentales para definir con claridad los usos turísticos y residenciales en determinados entornos, especialmente en lugares tan frágiles como La Graciosa o el entorno de Famara, donde es necesario determinar dónde es compatible la vivienda vacacional y dónde debe prevalecer la protección del territorio y la calidad de vida de los residentes.

En paralelo, herramientas como la ordenanza para la implantación de energías renovables permitirán avanzar en la transición energética, pero haciéndolo con planificación y respeto al paisaje que nos caracteriza. Por primera vez serán Lanzarote y La Graciosa quienes determinen, con criterios técnicos, dónde sí y dónde no deben implantarse instalaciones eólicas o fotovoltaicas, evitando impactos visuales o territoriales incompatibles con nuestra identidad.

Todo ello responde a un mismo objetivo: ordenar para proteger. Porque proteger Lanzarote no significa paralizar su desarrollo, sino dirigirlo con inteligencia, con planificación y con respeto hacia un territorio que es único en el mundo.

Este es, además, el rumbo que ha marcado desde el inicio de esta legislatura el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, quien, frente a lo que considera la demagogia del gobierno socialista anterior, ha impulsado una forma de gobernar basada en la coordinación real entre áreas y en la acción conjunta para afrontar los grandes retos de nuestra isla.

Bajo su presidencia, las distintas áreas del Cabildo estamos trabajando de forma alineada, sumando esfuerzos y compartiendo objetivos, con una convicción irrenunciable: proteger nuestro territorio es también proteger nuestro futuro.

Desde Medio Ambiente seguiremos avanzando en esa dirección, de la mano del resto de áreas del Cabildo y, especialmente en lo que nos concierne, de la Consejería de Política Territorial, para garantizar que cada decisión que tomemos tenga siempre como horizonte la conservación de nuestra tierra, de nuestro paisaje y de nuestra identidad.

Porque Lanzarote no puede permitirse improvisar su futuro. Proteger la identidad de lo que hoy somos es la mejor forma de garantizar lo que seremos mañana.

Samuel Martín, consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote

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El Cabildo reconoce a ocho mujeres referentes de Lanzarote y La Graciosa

La Institución insular reconoció en el Islote de La Fermina a María Hiniesta Távora Triano, Rosa María Guadalupe Betancort, Mercedes Viñoly López, Rosa Blanca Brito Moreno, Brígida Gabriela Camacho Camacho, Felicia Aguiar Cuba, María del Consuelo Martín Martín y Áurea Mauri Cadavieco por su aportación a la memoria social, cultural y económica de Lanzarote y La Graciosa …

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La Plataforma 30N destaca la movilización del 2 de marzo y su consolidación estatal

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N valora como “un nuevo paso adelante” la movilización nacional celebrada el 2 de marzo, que reunió a casi 20.000 autónomos y simpatizantes en 35 ciudades de España, en una convocatoria desarrollada con normalidad y sin incidentes relevantes.

En Lanzarote participaron alrededor de 150 personas y en La Graciosa unas 20, en un ambiente reivindicativo centrado en la problemática que afecta al colectivo en ambas islas.

La Plataforma subraya que la protesta se celebró en lunes laborable, lo que dificultó la asistencia al tratarse de un sector que, en muchos casos, solo puede movilizarse cerrando temporalmente sus negocios, y considera que eso refuerza el valor del respaldo obtenido.

La organización destaca además el crecimiento territorial del movimiento tras la movilización del 30 de noviembre, y señala que se está afianzando una red estatal con presencia en múltiples sectores, como comercio, hostelería, transporte, construcción y profesionales liberales.

Como único hecho reseñable, la Plataforma menciona lo ocurrido en Madrid, donde se habría impedido finalmente la participación prevista del sector del taxi y vehículos ligeros pese a contar con autorización, reclamando explicaciones sobre lo sucedido.

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