
Octavio Caraballo pide en la Comisión de Islas de la CRPM medidas específicas para los territorios insulares, límites a la compra de viviendas por no residentes y un marco financiero justo para las RUP
El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, reiteró este jueves ante la Comisión de Islas de la Unión Europea la preocupación del Gobierno de Canarias por la ausencia de una “estrategia valiente” por parte de las instituciones comunitarias para abordar asuntos prioritarios para los territorios insulares, entre ellos una política de vivienda actualizada y adaptada a su realidad.
Caraballo defendió que Canarias mantiene su empeño en que se establezcan límites a la compra de vivienda por parte de no residentes en las islas, con el objetivo de garantizar un hogar digno para las personas que viven en el archipiélago.
La intervención tuvo lugar durante la reunión de la Comisión de Islas, celebrada en Barcelona en el marco de la Asamblea General de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) de la Unión Europea. El viceconsejero alertó de que la elevada compra de vivienda por parte de extranjeros, unida al auge del alquiler vacacional de corta duración, está tensionando los precios, reduciendo la oferta destinada a residencia habitual y comprometiendo la sostenibilidad social del territorio.
Estas dinámicas, subrayó, requieren “un enfoque normativo adaptado” que permita proteger el acceso a la vivienda de la población local, reducir la vulnerabilidad de trabajadores y familias y garantizar un equilibrio sostenible entre actividad económica, cohesión social y derecho a la vivienda.
Las islas, en el centro de la estrategia de turismo sostenible
Caraballo pidió que las regiones insulares, y de manera especial las Regiones Ultraperiféricas (RUP), sean consideradas de forma prioritaria en la consulta y elaboración de la Estrategia de Turismo Sostenible de la UE, incorporando un enfoque específico sobre la insularidad.
El objetivo, dijo, es garantizar que la población residente tenga el derecho efectivo a vivir en su territorio, “sin verse expulsada por el mercado turístico o el encarecimiento del coste de vida”.
En este sentido, insistió en que la UE debe adaptar sus políticas de cohesión, turismo, transporte o energía a la realidad de sus distintos territorios, tal y como reclaman las regiones insulares, que demandan un enfoque político estructurado, diferenciado y a largo plazo en materia de insularidad.
Caraballo sostuvo que “una Europa más cohesionada y más justa” no será posible si no se reconocen las singularidades de los territorios insulares y se les permite desplegar todo su potencial y liderar políticas a nivel comunitario.
De periferia a laboratorio de soluciones
El viceconsejero defendió que las islas, “que tantas veces hemos sido periferia”, deben pasar ahora a “liderar las soluciones que Europa necesita”, destacando su potencial como territorios referentes en sostenibilidad, innovación y transición ecológica.
Planteó que la Estrategia de la UE para las islas incluya una plataforma permanente de intercambio de buenas prácticas, una dinámica que ya se da entre muchas regiones a través de la CRPM, pero que, a su juicio, debe ser reconocida y financiada a nivel europeo.
“La insularidad no es solo un desafío, es también un laboratorio. Y lo que hagamos bien en un territorio aislado, frágil y diverso como Canarias puede servir de referencia para el resto de Europa”, afirmó.
Caraballo citó la iniciativa Islas Responsables Lab como ejemplo de cómo Canarias está intentando avanzar en esa línea y subrayó que, si cada isla aporta su experiencia y se construyen mecanismos reales de aprendizaje compartido, la llamada “Europa archipelágica” dejará de ser una aspiración para convertirse en una realidad.
Reivindicó además el derecho de las islas a que Europa las trate con justicia, a que se respete su singularidad y a que la solidaridad europea “no sea negociable”.
“Las islas no somos un pie de página en la construcción europea: somos una frontera viva, un laboratorio de futuro y un recordatorio permanente de que la cohesión no es un eslogan, sino un deber moral y político”, señaló.
Caraballo añadió que “no podemos aceptar retrocesos ni renunciar a un modelo de desarrollo justo, y no permitiremos que la distancia se convierta en desigualdad”.
“Somos islas y regiones ultraperiféricas, pero también somos anclas de estabilidad, puertas de Europa, territorios que innovan, que cuidan, que resisten y que avanzan. Europa será más fuerte si sus islas son fuertes”, concluyó.
Críticas al nuevo marco financiero de la UE
En línea con lo manifestado en reiteradas ocasiones por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, Caraballo se mostró crítico con el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 propuesto por la Presidencia de la Comisión Europea y advirtió de que el empeño en centralizar los fondos podría tener consecuencias negativas, especialmente para las regiones ultraperiféricas.
A su juicio, es “más necesario que nunca” reivindicar los artículos 174 y 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconocen la situación particular de estos territorios.
La estrategia anunciada por la Comisión, insistió, debe venir acompañada de un marco financiero que respete y garantice los principios de solidaridad, especialmente con las regiones más vulnerables. En el caso de Canarias, la propuesta de Ursula von der Leyen deja en el aire cerca de 4.600 millones de euros que el archipiélago recibe en cada periodo presupuestario.
“De poco sirve reconocer la insularidad como una condición estructural con impactos económicos, sociales y ambientales, si el marco financiero plurianual se sitúa en los márgenes de lo que hasta ahora ha sido la política de cohesión”, advirtió.
La Comisión de Islas de la CRPM
La Comisión de Islas —que preside la titular de la Asamblea de Córcega, Marie Antoinette Maupertius, y de la que es vicepresidente Fernando Clavijo— es una de las seis comisiones geográficas de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM).
Esta organización representa a 23 autoridades regionales del Atlántico, Mediterráneo, Báltico, Índico y Pacífico, que en conjunto suman una población aproximada de 15 millones de personas.