Un decreto modifica la Ley del Suelo para ampliar plazos y da un año más a las cooperativas para adaptar sus estatutos a la Ley 4/2022, hasta el 10 de enero de 2027

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes un decreto impulsado por las consejerías de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, y de Turismo y Empleo, con el objetivo de evitar que la caducidad de los informes ambientales paralice la tramitación de modificaciones del planeamiento y de planes generales. La norma incluye, además, una modificación de la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias para ampliar el plazo de adaptación de estatutos a la Ley 4/2022.

En relación con la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, el Ejecutivo recuerda que la aprobación de nuevos planes generales y de modificaciones —incluidas las menores— exige informe ambiental. Sin embargo, la complejidad de estos expedientes, que requieren numerosos informes de distintas administraciones, puede alargar los plazos hasta el punto de que los documentos ambientales pierdan su vigencia legal. Esta situación obliga a reiniciar trámites, con impacto en la seguridad jurídica y en el uso de recursos humanos y económicos.

Para evitar estos bloqueos, el decreto introduce dos cambios puntuales. Por un lado, incorpora un nuevo apartado al artículo 86 para permitir la prórroga durante dos años de la vigencia de los informes ambientales estratégicos, que hasta ahora eran improrrogables. La ampliación podrá solicitarse por ayuntamientos, cabildos o el propio Gobierno de Canarias cuando resulte necesaria para evitar que el vencimiento del informe detenga el expediente.

Por otro lado, se añade un nuevo apartado en la disposición transitoria séptima para ampliar doce meses la caducidad de las memorias ambientales ya aprobadas e incluidas en la tramitación de planes generales, siempre que el documento haya superado el trámite de exposición pública.

Con estas medidas, el Gobierno de Canarias pretende dotar de viabilidad y mayor seguridad jurídica a los procedimientos, evitando que la pérdida de vigencia de los trámites ambientales derive en la suspensión de expedientes de planeamiento.

En paralelo, el decreto modifica la normativa de cooperativas para ampliar el plazo de adaptación de estatutos a la Ley 4/2022. El límite inicialmente previsto para el 10 de enero de 2026 se extiende hasta el 10 de enero de 2027, otorgando un margen adicional para completar el proceso con garantías y reforzando el apoyo a la economía social, un sector considerado prioritario por la Consejería de Turismo y Empleo.