El sistema sustituye el sorteo por un modelo de baremación objetiva y refuerza los requisitos de arraigo y residencia, además de ampliar las reservas para jóvenes, mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el nuevo decreto que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública en el archipiélago.
La norma, impulsada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez, introduce una reforma estructural en el modelo de acceso al parque público de vivienda, sustituyendo el sistema de sorteo por un procedimiento de baremación basado en criterios objetivos vinculados a la situación económica, social y familiar de las personas solicitantes.
Con este cambio, el Ejecutivo autonómico pretende reforzar los principios de equidad, transparencia y seguridad jurídica, garantizando que las viviendas se asignen conforme a parámetros verificables y adaptados a la realidad de cada unidad de convivencia.
Entre las novedades más destacadas del decreto figura también la simplificación administrativa del proceso de inscripción en el Registro de Demandantes. A partir de ahora, el trámite podrá realizarse de forma telemática mediante un formulario basado en una declaración responsable, eliminando la necesidad de cita previa y de acudir presencialmente a las oficinas.
La nueva regulación refuerza además los requisitos de residencia y arraigo para acceder a una vivienda pública. Así, será necesario acreditar una residencia mínima de doce años ininterrumpidos en Canarias, o de quince años en caso de residencia discontinua, además de estar inscrito en el Registro Público de Demandantes.
Asimismo, las personas solicitantes deberán acreditar al menos cinco años de residencia o actividad laboral continuada en el municipio donde se ubique la promoción antes de la publicación del procedimiento de adjudicación. Este requisito no se aplicará en el caso de víctimas de violencia de género cuando su situación haya impedido permanecer en su municipio de residencia habitual.
El decreto también refuerza el carácter social del sistema público de vivienda mediante la ampliación de los cupos de reserva para colectivos prioritarios. Entre ellos se establece una reserva mínima del 20 % de las viviendas para jóvenes de hasta 35 años, un 10 % para personas de 65 años o más, otro 10 % para personas con limitaciones funcionales graves y un 8 % para víctimas de violencia de género.
Además, el texto contempla un cupo de hasta el 1 % para personas emigrantes retornadas, con el objetivo de facilitar su acceso a la vivienda pública.
Con esta actualización normativa, el Gobierno de Canarias busca consolidar un sistema de adjudicación más justo, transparente y orientado a proteger el derecho a la vivienda, priorizando a las personas con mayor arraigo en el territorio y con mayores necesidades sociales.
