La consejera Migdalia Machín defiende en el Parlamento “un modelo más transparente y ágil, orientado a las necesidades reales de la sociedad canaria”, que protege al estudiantado y refuerza el prestigio del sistema universitario del Archipiélago
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha reafirmado este martes, durante el pleno del Parlamento autonómico, la estrategia del Ejecutivo para la ordenación del sistema universitario canario en materia de implantación de nuevas titulaciones oficiales.
Machín explicó que el modelo en vigor es “más transparente, ágil y orientado a las necesidades del Archipiélago”, al tiempo que “protege al estudiantado y refuerza la solidez y el prestigio del sistema universitario canario”.
La consejera insistió en que se trata de “un modelo basado en el respeto a la autonomía universitaria, el cumplimiento estricto de la normativa vigente y la garantía de que cada nueva oferta académica responda a las necesidades reales de la sociedad canaria, tanto en el presente como en el futuro”.
Según recordó, y tal y como establece la Constitución Española y la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), las universidades públicas del Archipiélago son las únicas instituciones que pueden proponer la creación de nuevas enseñanzas oficiales, mientras que el Gobierno de Canarias actúa como garante de la calidad, la pertinencia y la viabilidad de esas propuestas.
Tres fases para garantizar rigor y coherencia
Machín detalló que el procedimiento de implantación de nuevos títulos universitarios comprende tres fases obligatorias que aseguran un análisis exhaustivo y coherente:
Informe de necesidad y viabilidad
En primer lugar, el Gobierno de Canarias elabora un informe preceptivo y favorable que analiza la necesidad y viabilidad académica y social de cada propuesta.
Este documento valora, entre otros aspectos:
La relación entre oferta y demanda.
La inserción laboral en ámbitos equivalentes.
La pertinencia de la titulación respecto a las prioridades estratégicas del Archipiélago.
La capacidad efectiva del sistema universitario canario para asumir la nueva oferta.
Solo si este informe resulta favorable, la universidad puede continuar con la tramitación estatal del plan de estudios.
Verificación académica estatal
La segunda fase corresponde a la verificación académica, que se realiza en el ámbito estatal tras la evaluación técnica de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE).
Esta evaluación comprueba, entre otros aspectos:
La adecuada integración del título en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
La solidez del diseño competencial y lingüístico.
La existencia de prácticas externas.
La conexión real con el entorno profesional.
Autorización definitiva de implantación
Finalmente, una vez superados los pasos anteriores, corresponde al Gobierno de Canarias otorgar la autorización definitiva de implantación, conforme a los requisitos previstos en el Decreto 168/2008 y en el nuevo marco normativo autonómico actualmente en tramitación.
Este nuevo marco, subrayó la consejera, “permitirá modernizar y agilizar el procedimiento, reforzando al mismo tiempo la seguridad jurídica del sistema”.
Decisiones apoyadas en datos, no en coyunturas
La titular de Universidades destacó que “este modelo garantiza decisiones basadas en datos verificables y criterios objetivos, alejadas de percepciones coyunturales”, y recalcó que la planificación se realiza “de forma rigurosa para evitar duplicidades innecesarias, proteger a los estudiantes, fortalecer la reputación del sistema universitario canario y asegurar la sostenibilidad institucional”.
Asimismo, Machín recordó que la estrategia del Ejecutivo canario se alinea con los estándares europeos de calidad y movilidad, consolidando un marco de actuación que combina “el respeto escrupuloso a la autonomía universitaria con la responsabilidad pública de asegurar que cada nueva titulación responda a una utilidad real para el desarrollo económico, social y científico del Archipiélago”.
