La presidenta del PP de Lanzarote asegura que su partido restaurará la seguridad jurídica para fomentar la construcción de vivienda nueva y la oferta de alquiler, y recuerda que, como alcaldesa de Arrecife, cedió suelo para nuevas viviendas, las únicas construidas en los últimos 30 años.
Astrid Pérez, criticó hoy la política estatal de vivienda y aseguró que “con la izquierda gobernando en España, sólo hay vivienda disponible y segura para los okupas, protegidos por un Gobierno que encarece la compra y ahuyenta la oferta de alquiler”.
Pérez sostuvo que “los okupas y los inquilinos okupas están sobreprotegidos gracias a la legislación que el Gobierno aprobó durante la pandemia y que ha mantenido inopinadamente desde que regresamos a la normalidad”. En este sentido, defendió que el PP impulsará “una modificación normativa que garantice la expulsión inmediata en 24 horas” en casos de ocupación ilegal.
Para la dirigente popular, “mientras Pedro Sánchez y sus aliados detenten el poder, el derecho de los españoles a una vivienda digna es una utopía porque no existe seguridad jurídica. En esas condiciones, ni los promotores construyen ni los propietarios acuden al mercado de alquiler”. A su juicio, “sin seguridad jurídica habrá cada vez menos viviendas en venta y en alquiler y los precios se dispararán de forma irrefrenable”.
Pérez afirmó además que “con Sánchez en La Moncloa el precio de la vivienda se ha incrementado más de un 44% y en el mercado del alquiler hay 120.000 viviendas menos, y las que quedan son cada vez más caras”, cifras con las que justificó su llamada a revertir la normativa vigente.
En el ámbito insular, la presidenta del PP mostró su “preocupación” por la evolución de los precios y citó que Arrecife, Haría, Tías y Yaiza figuran entre los municipios más caros de Canarias. Recordó que durante su etapa como alcaldesa de Arrecife “se cedió suelo al Gobierno de Canarias para la construcción de nuevas viviendas, las únicas de promoción pública levantadas en los últimos 30 años”.
“Sea como fuere —añadió—, la solución a un problema tan acuciante como complejo debe comenzar por recuperar la seguridad jurídica, defendiendo el derecho constitucional a la propiedad privada y apostando por la vivienda pública y por la colaboración público-privada en la construcción de vivienda nueva”.
