La entidad rechaza “de forma rotunda” las afirmaciones y defiende la labor de sus profesionales y la calidad del servicio
La entidad ADISLAN ha emitido un comunicado en el que rechaza “de forma expresa, rotunda y categórica” las declaraciones realizadas por la diputada de Nueva Canarias, Natalia Santana, tanto en sede parlamentaria como en medios de comunicación, en relación con el funcionamiento de sus centros.
La organización asegura que las acusaciones sobre supuestas condiciones de insalubridad, presencia de plagas, deficiencias alimentarias o riesgos para la salud de las personas usuarias “carecen de veracidad y rigor” y son “absolutamente falsas”.
Asimismo, ADISLAN sostiene que las imágenes difundidas públicamente no corresponden a situaciones reales en sus centros y denuncia que contribuyen a generar una percepción “distorsionada y perjudicial” del servicio.
La entidad subraya que cumple estrictamente con la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y atención sociosanitaria, y recuerda que su actividad está sujeta a controles e inspecciones por parte del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote.
En su comunicado, ADISLAN considera especialmente grave el impacto de estas afirmaciones en sus profesionales, al entender que suponen “un cuestionamiento injustificado de su trabajo, ética y compromiso”, así como un daño directo a su reputación.
También advierte del efecto que estas declaraciones pueden tener en las familias de las personas usuarias, al generar “alarma, angustia y desconfianza” en un servicio que consideran esencial.
En relación con las referencias a posibles despidos improcedentes, la entidad niega categóricamente que respondan a represalias o vulneraciones de derechos, señalando que las desvinculaciones laborales se han producido por conductas contrarias a los valores de la organización.
ADISLAN critica además el tono de las manifestaciones públicas realizadas, que considera “desmedido e impropio del rigor institucional”, y alerta de la responsabilidad que conlleva la difusión de informaciones no contrastadas desde cargos públicos.
Por todo ello, la entidad ha exigido una rectificación pública y se reserva el derecho a emprender acciones legales en defensa de su honor, su imagen y la de sus profesionales.
Finalmente, ADISLAN reafirma su compromiso con la transparencia y su disposición a colaborar con las administraciones públicas para garantizar la calidad del servicio que presta.
