Elma Saiz: “Es uno de los grandes hitos de la legislatura y permitirá acceder a residencia, trabajo y derechos básicos”

El Gobierno de España ha aprobado este martes el real decreto que pone en marcha un proceso de regularización extraordinaria dirigido a personas migrantes que ya residen en el país. La medida, anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha sido calificada como “uno de los grandes hitos de la legislatura”.

Según ha explicado la ministra tras el Consejo de Ministros celebrado en La Moncloa, esta iniciativa permitirá que miles de personas que ya viven en España puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo, además de integrarse plenamente en el sistema de Seguridad Social y sanitario.

Saiz ha subrayado que los beneficiarios son “personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas en nuestros colegios, que contribuyen a la vida económica y social del país”. En este sentido, ha defendido que procesos anteriores han demostrado efectos positivos en empleo, recaudación fiscal, convivencia y sostenibilidad del sistema.

La ministra también ha aportado datos que refuerzan la importancia de la migración en España, destacando que el 43% del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros. Asimismo, ha recordado que informes de la Oficina Nacional de Prospectiva advierten de que una reducción del 30% de la migración podría suponer una caída del PIB del 22% en 2075, además de una pérdida significativa de población.

El proceso de regularización cuenta, según el Gobierno, con una “triple legitimidad”: social —respaldada por más de 700.000 firmas y cientos de asociaciones—, política —con el apoyo mayoritario del Congreso— y económica, con el aval de patronal y sindicatos.

La norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de abril y entrará en vigor el día 16. Desde esa fecha y hasta el 30 de junio, las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes, siempre que acrediten su presencia en España antes del 1 de enero de 2026, una permanencia continuada de al menos cinco meses, la ausencia de antecedentes penales y que no supongan una amenaza para el orden público.

Quienes cumplan los requisitos obtendrán una autorización inicial de un año, que les permitirá trabajar y acceder a servicios públicos básicos. Posteriormente, podrán acogerse a las vías ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.

El Ejecutivo ha previsto un amplio despliegue administrativo para gestionar el proceso, con cerca de 450 oficinas habilitadas en todo el país y más de 550 profesionales de refuerzo. Las solicitudes podrán presentarse tanto de forma telemática, a través de la plataforma Mercurio, como presencialmente con cita previa en oficinas de Extranjería, Seguridad Social y Correos.

Este proceso constituye el primer paso del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, con el que el Gobierno pretende reforzar un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la cohesión social y el crecimiento económico.