Los tres ayuntamientos denuncian que el Consorcio pretende encarecer el recibo mientras persisten cortes continuos, falta de inversiones y ausencia de transparencia en la gestión

Los ayuntamientos de Haría, Tías y San Bartolomé han manifestado de forma conjunta su rotundo rechazo a la subida del precio del agua aprobada en el seno del Consorcio Insular del Agua de Lanzarote, al considerar que se trata de una medida injusta que castiga directamente a la ciudadanía sin que exista una mejora real del servicio ni de las infraestructuras hidráulicas de la isla.

Los tres consistorios coinciden en denunciar que el incremento tarifario se plantea en un contexto de graves deficiencias estructurales, con cortes de suministro reiterados, pérdidas en la red, falta de mantenimiento e inversiones incumplidas, una situación que afecta de manera directa a la calidad de vida de la población y al desarrollo de sectores estratégicos como el primario.

Los alcaldes subrayan que no es aceptable exigir a los vecinos y vecinas que paguen más por un servicio que, en muchos casos, no está garantizado. Municipios como Haría y San Bartolomé registran problemas de abastecimiento durante buena parte del año, llegando incluso a soportar incidencias en cerca del 41% de los días, mientras que en Tías persisten deficiencias continuas que evidencian la falta de una gestión eficaz del ciclo integral del agua.

Asimismo, los ayuntamientos lamentan la ausencia de transparencia con la que se está gestionando todo el proceso, tanto en lo relativo a la situación del contrato como a la posible cesión del servicio, denunciando que la información trasladada a las corporaciones locales ha sido insuficiente, fragmentada y carente de los informes técnicos y jurídicos necesarios.

En este sentido, Haría, Tías y San Bartolomé exigen al Consorcio y a su presidencia, que ostenta el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, que paralice la subida de tarifas hasta que se ofrezcan certezas jurídicas, técnicas y económicas, se ejecuten las inversiones comprometidas y se garantice un suministro estable y de calidad.

Los tres ayuntamientos anuncian, además, que continuarán impulsando un frente común con otros municipios de la isla para defender el interés general y evitar que la ciudadanía tenga que asumir el coste de años de mala gestión.

“El agua es un derecho básico y no un lujo. No se puede cobrar más por un servicio que no funciona”, concluyen.