La asociación pide al Gobierno de Canarias que declare la actividad como inocua y abra un proceso de diálogo con el sector
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha registrado este martes en el Parlamento de Canarias un total de 739 manifiestos firmados que reflejan el respaldo del empresariado canario a sus reivindicaciones frente a la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas (LOSUTV).
Entre los apoyos se encuentran organizaciones empresariales de ámbito regional y provincial, asociaciones de autónomos, jóvenes empresarios, grandes compañías, pequeños empresarios y cientos de trabajadores por cuenta propia, que instan al Gobierno de Canarias a enmendar la ley por las “graves consecuencias” que, según denuncian, está provocando desde su entrada en vigor.
ASCAV considera especialmente urgente que se declare la actividad de vivienda vacacional como inocua, eximiendo de la comunicación previa de actividad clasificada a aquellas viviendas que presentaron su declaración responsable con anterioridad a la LOSUTV. Asimismo, reclama que este mismo criterio se aplique a las nuevas viviendas que inicien su actividad tras la entrada en vigor de la norma.
La asociación subraya que esta medida permitiría frenar la “sangría” que atraviesa el sector y aportar seguridad jurídica a miles de propietarios y pequeños operadores que se encuentran actualmente en una situación de incertidumbre.
Desde ASCAV se insiste también en la necesidad de que cualquier modificación normativa se realice mediante diálogo y consenso con el sector, señalando que la entidad es la única asociación que representa al conjunto del alquiler vacacional en Canarias.
La organización advierte de que la aprobación de la LOSUTV “de espaldas al sector” está generando un daño irreparable, además de malestar social y confrontación, alimentando un clima de crispación en torno al turismo y poniendo en riesgo la viabilidad de miles de familias que dependen directamente de esta actividad.
ASCAV confía en que el Gobierno de Canarias atienda estas demandas y abra un proceso de negociación que permita corregir los aspectos más lesivos de la ley y garantizar un marco estable y sostenible para el alquiler vacacional en el Archipiélago.
