La Federación de Asociaciones de Propietarios de Alquileres Vacacionales y Temporales (FAPAVAT) ha valorado de forma muy positiva el pronunciamiento de la Comisión Europea, que considera que el sistema español de doble registro de viviendas turísticas vulnera la normativa comunitaria.
El informe europeo cuestiona el Real Decreto 1312/2024, que desde el 2 de enero de 2025 obliga a los propietarios de viviendas turísticas y arrendamientos de corta duración a inscribirse, además de en los registros autonómicos ya existentes, en un nuevo registro estatal a través del Registro de la Propiedad, bajo la supervisión del Ministerio de Vivienda.
Según recuerda Bruselas, el Reglamento (UE) 2024/1028 prohíbe expresamente someter una misma vivienda a más de un procedimiento de registro cuando ya existe uno obligatorio, y fija como fecha límite el 20 de mayo de 2026 para que el Gobierno español elimine esta duplicidad administrativa.
Desde FAPAVAT se subraya que este pronunciamiento confirma que la normativa española contradice el derecho europeo, que tiene primacía sobre la legislación nacional, y respalda la posición defendida por el sector desde la aprobación del decreto.
El dictamen ha sido especialmente celebrado por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), impulsora de FAPAVAT, que considera el informe un respaldo al recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1312/2024, actualmente pendiente de sentencia.
La federación denuncia que la aplicación de esta norma ha provocado la retirada de miles de viviendas turísticas plenamente legales, afectando a pequeños propietarios y empresas gestoras, una situación que el propio Ministerio de Vivienda ha reconocido al anunciar la eliminación de más de 86.000 anuncios de plataformas digitales.
Además, FAPAVAT sostiene que el decreto podría vulnerar la Constitución Española, al invadir competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de ordenación turística y al delegar funciones de control en los registradores de la propiedad, dependientes del Ministerio de Justicia.
La federación insiste en que no se opone a la regulación ni a un registro único, siempre que sea coherente con la normativa europea y aporte seguridad jurídica, defendiendo tanto a los propietarios particulares como a los gestores locales de viviendas de alquiler vacacional y de corta estancia.
