El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes iniciar la tramitación urgente de una regularización extraordinaria de migrantes. La iniciativa de Moncloa, fruto de un pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con PODEMOS, se articulará a través de un Real Decreto que evita el control del Congreso de los Diputados.
Hablamos de una regularización masiva, sin control ni garantías, que se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, y que será aplicable a todas aquellas personas que estuvieran en nuestro país antes del día 31 del pasado mes de diciembre. Esta medida, de la que se beneficiarán más de medio millón de personas, se adopta sin debate parlamentario y a espaldas de los ciudadanos, como ya tiene por costumbre el presidente Sánchez, a sabiendas de que no cuenta con mayoría parlamentaria y convencido, como está, de que “eso de la soberanía popular está sobrevalorado”.
Una vez más, el presidente Sánchez prioriza su cálculo político frente al consenso que debe existir en un procedimiento de tanto calado, que además choca con la normativa del Pacto de Migración y Asilo de la UE y con las propias recomendaciones europeas. Porque no nos engañemos: una regularización generalizada, con tan poco rigor y sin controles estrictos, tiene un efecto directo en los flujos migratorios y conlleva un riesgo real de “efecto llamada” hacia nuestro país por su condición de frontera sur de Europa y, de forma especial, hacia Canarias por ser la primera puerta de entrada.
Los interrogantes que plantea la medida del Gobierno son muchos: ¿ cómo y en qué condiciones se integrará a cientos de miles de personas?, ¿ qué impacto tendrá en los servicios públicos?, ¿con qué ayuda afrontarán las comunidades autónomas y los ayuntamientos la nueva situación?, ¿ qué recursos adicionales contempla el Estado? Sin duda, son cuestiones esenciales que el Gobierno no acierta a responder, porque ni sabe ni le importa. De hecho, lo único que le interesa a Sánchez es aprobarla cuanto antes para contentar a PODEMOS y, a falta de mayoría parlamentaria, seguir con su estrategia de trueques para mantenerse en el sillón y no convocar elecciones.
Lo cierto es que, tal y como se ha planteado, estamos ante un nuevo desatino del Gobierno socialista, que no ha tenido en cuenta algo fundamental: que sin planificación y capacidad real de integración no se mejora la vida de nadie, sino que se cronifica la precariedad. Si tenemos en cuenta que nuestros servicios públicos básicos se encuentran en la actualidad bajo una fuerte presión, una regularización de esta envergadura, sin medidas complementarias, los llevará irremediablemente al colapso.
A nadie se le esconde que el acceso inmediato de cientos de miles de personas a prestaciones como la sanidad pública, la educación, la vivienda social, el transporte, las ayudas sociales o la justicia gratuita, por citar algunos ejemplos, pondrá en jaque nuestro sistema, porque ni se han puesto en marcha mecanismos adicionales ni se ha establecido la financiación necesaria para llevarlos a efecto. ¿O es que acaso, después de siete años sin hacer nada en materia de vivienda pública —salvo favorecer la ocupación y a los inquiokupas—, el Gobierno va a sacar de la chistera cientos de miles de viviendas públicas para cubrir la demanda actual y, además, la de los nuevos residentes, que previsiblemente estarán en mayor riesgo de vulnerabilidad? Ignorar esta realidad —extensible al resto de servicios públicos— es, sencillamente, una temeridad.
Desde el Partido Popular defendemos —y hemos defendido siempre— la necesidad de una política migratoria ordenada, eficaz y respetuosa con la legalidad, pero lo que está haciendo el Gobierno socialista va en sentido contrario. Se trata de una regularización masiva que agravará aún más los problemas estructurales y generará una mayor frustración social.
La responsabilidad de un gobierno serio es gestionar la migración con reglas claras, con capacidad de integración y con una planificación que proteja los intereses de todos. No se puede dejar a los ciudadanos españoles con la carga y las consecuencias de un decreto que, lejos de ser una solución responsable, ha quedado reducido a una apuesta política a la medida de los intereses particulares y partidistas del Sr. Sánchez.
Astrid Pérez, presidenta del Partido Popular de Lanzarote y La Graciosa
