Coalición Canaria ha valorado de forma positiva la regulación administrativa extraordinaria, reglada y temporal de las personas migrantes que ya se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025, aunque ha advertido de la falta de previsión del Estado respecto a su impacto específico en Canarias.

El secretario ejecutivo nacional de Política Exterior e Interculturalidad de Coalición Canaria, José Téllez, explicó que esta medida responde a una demanda planteada desde hace tiempo a través de una iniciativa legislativa popular. “De haber seguido su curso parlamentario, podría haberse debatido en el Congreso de los Diputados”, señaló.

Téllez recordó que la regularización se ha aprobado mediante un Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería, sin pasar por la Cámara Baja, al no requerir tramitación parlamentaria y bastar la aprobación del Consejo de Ministros.

Desde Coalición Canaria se reconocen los beneficios generales de la medida, entre los que destacó la mejora de la seguridad jurídica, la descongestión del sistema de asilo y el afloramiento de la economía sumergida, además de efectos sociales y laborales positivos como la inserción, la protección de la unidad familiar y el reconocimiento de situaciones de vulnerabilidad estructural.

No obstante, al poner el foco en Canarias, el dirigente nacionalista advirtió de que “en el Archipiélago podría darse el mayor volumen proporcional de solicitantes, en un territorio que ya sufre una presión previa muy importante en la acogida y tutela de menores, con medios administrativos claramente insuficientes”.

Por este motivo, Coalición Canaria reclama al Estado una dotación presupuestaria adecuada para reforzar las oficinas de extranjería, la habilitación de nuevas dependencias administrativas que eviten el colapso del sistema, y el diseño de mecanismos de coordinación con el sistema de tutela de menores que garanticen una transición digna y ordenada a la mayoría de edad. Asimismo, el partido insiste en la necesidad de habilitar fondos europeos específicos para los territorios frontera.

Finalmente, José Téllez recordó que el Estatuto de Autonomía de Canarias establece la participación del Archipiélago en las decisiones del Estado en materia de inmigración con especial trascendencia para las Islas, así como en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros. “Una posibilidad que no ha sido contemplada por parte del Estado”, lamentó.