El Gobierno de Canarias ha destinado parte de los fondos aprobados en el segundo semestre de 2025 al refuerzo del Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Lanzarote, incorporando de forma específica la implementación de la perspectiva de género en este recurso esencial para la protección de las personas menores de edad y el apoyo a familias en situación de conflictividad.
Así lo informó la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, durante el Consejo de Gobierno, en el que se dio cuenta de las subvenciones concedidas a los Puntos de Encuentro Familiar en Canarias. En el conjunto del archipiélago, estas ayudas alcanzaron los 975.455 euros en el segundo semestre de 2025 y superaron los 1,57 millones de euros en el total del año, incluyendo fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En el caso de Lanzarote, las subvenciones permiten reforzar la atención especializada del Punto de Encuentro Familiar, incorporando la perspectiva de género en su intervención, una medida especialmente relevante en aquellos supuestos en los que existen situaciones de violencia de género o riesgo para las personas menores.
Los Puntos de Encuentro Familiar son recursos sociales especializados que ofrecen un espacio neutral y seguro en el que, con el apoyo de equipos técnicos multidisciplinares, se facilita la relación de niños, niñas y adolescentes con sus progenitores u otros familiares cuando la convivencia se encuentra interrumpida o gravemente deteriorada.
Estos servicios desempeñan una función clave en la asistencia y protección de las personas menores de edad, garantizando su desarrollo en entornos seguros, estables y libres de violencia. En Lanzarote, el PEF atiende tanto derivaciones judiciales como casos procedentes de las administraciones públicas competentes en materia de tutela y protección de menores.
Asimismo, el Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote aplica protocolos específicos en situaciones de violencia de género, prestando especial atención a la condición de víctimas de los menores y de sus madres, y orientando su actuación a la asistencia, recuperación y prevención de nuevas situaciones de riesgo.
Desde el Gobierno de Canarias se subraya que estos recursos contribuyen también al mejor funcionamiento de la Administración de Justicia, al facilitar la ejecución de las medidas judiciales relativas al régimen de visitas y evitar escenarios que puedan derivar en nuevos episodios de conflicto o violencia.
