El Partido Popular de Yaiza ha denunciado públicamente la ocupación ilegal de un inmueble de titularidad municipal en Playa Blanca, una situación que se prolonga desde hace aproximadamente tres años con la permisividad del alcalde de Yaiza, Óscar Noda, y su grupo de gobierno.
El inmueble afectado es la vivienda que durante años albergó la antigua guardería municipal de Playa Blanca, cedida en su momento a su gestora para la prestación del servicio. Tras el fallecimiento de la responsable, el Ayuntamiento tenía la obligación de recuperar de manera inmediata la propiedad municipal, un trámite que, según denuncian los populares, nunca se llevó a cabo, permitiendo que el inmueble continúe ocupado sin ningún título legal.
Desde el PP de Yaiza alertan además del creciente malestar entre vecinos y comerciantes de esta céntrica zona de Playa Blanca, quienes vienen denunciando reiteradamente los problemas de convivencia, altercados y situaciones de inseguridad que se producen en el entorno del inmueble ocupado.
El portavoz municipal del Partido Popular, Juan Monzón, se mostró contundente al afirmar que “resulta incomprensible que el alcalde haya permitido durante años una ocupación ilegal de un bien que pertenece a todos los vecinos de Yaiza. Esta dejación de funciones no solo es irresponsable, sino que está generando problemas de seguridad y convivencia en una de las zonas más importantes de Playa Blanca, anexa al Parque Móvil municipal y próxima al Centro Sociocultural La Aurora”.
Monzón reclamó que el Ayuntamiento inicie de forma inmediata los trámites administrativos y legales necesarios para recuperar la vivienda municipal y poner fin a una situación que calificó de “insostenible”.
“Las propiedades municipales forman parte del patrimonio público y deben destinarse siempre al interés general. No pueden abandonarse ni tolerarse usos irregulares mientras los vecinos sufren las consecuencias de la inacción del gobierno local”, añadió el portavoz popular.
Desde el Partido Popular de Yaiza insisten en que el Ayuntamiento debe actuar con responsabilidad, proteger el patrimonio municipal y garantizar que los bienes públicos estén al servicio de la ciudadanía, evitando que se conviertan en focos de conflicto por la falta de decisión política.
