El Pleno de ayer viernes, 24 de octubre, dio cuenta de los avances en la encomienda con el Gobierno de Canarias e incorpora nuevos perfiles técnicos y una coordinación del servicio; además, salió adelante una moción para facilitar el empleo de cuidadores y tutores legales.
El Cabildo de Lanzarote continúa avanzando en el modelo insular de cuidados con la tramitación de una adenda de modificación del Convenio de Encomienda de Gestión suscrito con la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. La propuesta, presentada en el Pleno celebrado ayer viernes, 24 de octubre, permitirá reforzar los equipos técnicos que elaboran los informes psicológicos y sociales para el reconocimiento del grado de discapacidad, incorporando tres nuevos perfiles —Psicología, Terapia Ocupacional y Auxiliar Administrativo— y creando una figura de coordinación que mejore la eficacia y la resolución de dictámenes.
El presidente insular, Oswaldo Betancort, subrayó que la medida “supone consolidar el trabajo que venimos realizando para reducir las listas de espera y garantizar una atención ágil y de calidad a las personas con discapacidad en Lanzarote y La Graciosa”.
Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, destacó que la adenda “responde a la necesidad de dar estabilidad al personal que viene prestando servicio desde el área y de seguir mejorando los tiempos de valoración, en coordinación con el Gobierno de Canarias”.
Desde su entrada en vigor, el convenio ha permitido tramitar más de 540 expedientes de reconocimiento del grado de discapacidad, acortando los tiempos de resolución y evidenciando la eficiencia del modelo de encomienda impulsado por la Institución. La adenda permitirá mantener y formalizar el personal actual e incorporar los nuevos perfiles técnicos, conforme a los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión pública.
Apoyo a personas cuidadoras
En la misma sesión plenaria se aprobó una moción presentada por Coalición Canaria para impulsar medidas que faciliten el acceso y mantenimiento en el empleo de personas cuidadoras o tutoras legales de familiares con discapacidad o gran dependencia. La iniciativa propone instar al Servicio Canario de Empleo y a los Ministerios competentes a elaborar cláusulas tipo e instrucciones que incorporen criterios de priorización, medidas de conciliación y ajustes razonables en programas de empleo y formación, así como en convocatorias públicas.
Acuña valoró el acuerdo como “un avance importante para reconocer el papel esencial de las personas cuidadoras, muchas veces invisibilizadas, y para ofrecerles más herramientas que les permitan compatibilizar su vida laboral y personal”. Añadió que “desde el Cabildo seguiremos promoviendo políticas que pongan en el centro a quienes cuidan”.
