El reciente anuncio de constitución de un grupo de trabajo para avanzar en una propuesta normativa de regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda a que se refiere el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y, en particular, de los contratos de arrendamiento celebrados por temporada sobre fincas urbanas de uso vivienda,  ha llevado a la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV a solicitar a la Ministra Dña. Isabel Rodríguez García su incorporación a la mesa de trabajo como únicos representantes legítimos de los propietarios y gestores de las viviendas vacacionales en Canarias.

El arrendamiento de temporada afecta directamente a nuestra actividad pues,  muchos de nuestros visitantes son teletrabajadores, nómadas digitales, trabajadores temporales o estudiantes de corta estancia que escogen nuestros inmuebles.

En el Archipiélago, se cifra en aproximadamente  un 60% los propietarios individuales que alquilan un único inmueble de forma personal y directa,  al tiempo que generan un gran dinamismo local en las economías de cualquier municipio del Archipiélago.

Una actividad que genera más de 2.000 millones de euros de impacto económico directo que se queda en las islas, que recauda más de 140 millones de euros de IGIC y que proporciona casi 42.000 empleos directos (los indirectos todavía no se han podido cuantificar).

ASCAV solicita a la Ministra tener la posibilidad de debatir sobre la viabilidad de los contratos de temporada y las alternativas que pudieran estar directamente relacionadas nuestra actividad pues, conocemos de primera mano, la realidad objetiva de la vivienda de alquiler en las islas.

A juicio de ASCAV la futura normativa que regule el alquiler de temporal debe contemplar, preservar,  promocionar y proteger al pequeño propietario cuya vivienda está en cualquier tipo de suelo que no presta ningún tipo de servicio complementario.

La presidenta de ASCAV, Doris Borrego, considera fundamental por tanto,  que el Ministerio de Vivienda dé voz en el grupo de trabajo a las personas propietarias y gestores, sobre las que recaerían las consecuencias de los acuerdos que se impulsen desde el Ministerio, “ya que entendemos que tanto ASCAV como el resto de asociaciones autonómicas representativas de propietarios, tienen mucho que aportar al debate previo a cualquier futura regulación estatal de alquiler de corta estancia en vivienda residencial”.