David Morales advierte de que una eventual cesión a Marruecos podría afectar a la conectividad, la seguridad y los intereses estratégicos de Canarias
El Grupo Parlamentario Popular defenderá en el próximo Pleno del Parlamento de Canarias una iniciativa para reclamar al Gobierno de España que mantenga la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental y garantice el cumplimiento del mandato de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La propuesta, impulsada por el diputado por Gran Canaria David Morales, pide que la administración de este espacio aéreo continúe en manos de España a través de ENAIRE y del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Canarias.
El PP reclama además que el Gobierno central informe de manera “constante e inmediata” tanto al Ejecutivo canario como al Parlamento autonómico sobre cualquier negociación con Marruecos relacionada con la gestión de este espacio aéreo.
Asimismo, solicita que cualquier eventual modificación sea sometida a debate y validación parlamentaria y cuente con el respaldo de los organismos internacionales competentes.
Morales sostiene que “Canarias no puede quedar al margen” de unas negociaciones que, a su juicio, podrían afectar directamente a la seguridad, la conectividad y los intereses estratégicos y militares del Archipiélago, además de a las tareas humanitarias desarrolladas en la ruta migratoria atlántica.
El diputado popular reclama al Gobierno de España que explique qué se está negociando con Marruecos y qué garantías existirían para Canarias en caso de producirse una eventual cesión.
Según Morales, la preocupación se ha incrementado desde el cambio de posición del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental y después de que España y Marruecos acordaran en abril de 2022 abrir un diálogo sobre la gestión del espacio aéreo mediante un grupo de trabajo de cooperación aérea.
El parlamentario considera preocupante la falta de información sobre el alcance de esas conversaciones y defiende que cualquier decisión se adopte con “plenas garantías jurídicas, operativas y de seguridad”, respetando además el marco establecido por los organismos internacionales.
Canarias, directamente afectada
La iniciativa del PP pone el foco en las consecuencias que una eventual transferencia de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental podría tener para Canarias, tanto desde el punto de vista de la conectividad como de la actividad socioeconómica y los intereses estratégicos de España.
Morales recuerda que el turismo, principal motor económico de Canarias, depende de unas conexiones aéreas eficientes y seguras y que el transporte aéreo constituye una necesidad fundamental para los residentes del Archipiélago, especialmente en sus desplazamientos con la Península y el resto de Europa.
El PP alerta también del impacto que una eventual cesión a Marruecos podría tener sobre el proyecto de Cielo Único Europeo (SES), impulsado por la Unión Europea para avanzar hacia un espacio aéreo europeo más integrado, seguro, eficiente y sostenible.
En este sentido, los populares reclaman que se defienda la plena integración del espacio aéreo del Sáhara Occidental gestionado por España dentro de este proyecto comunitario.
“En el escenario de una hipotética cesión por el Gobierno de España al Reino de Marruecos de la gestión y administración del espacio aéreo del Sáhara Occidental, Canarias quedaría totalmente desconectada del espacio aéreo comunitario al dejar de tener contacto directo con el resto de espacios aéreos de la Unión Europea a través de la FIR de Lisboa”, señala Morales.
El diputado insiste en que el Gobierno de España debe ofrecer información previa al Ejecutivo autonómico y al Parlamento de Canarias ante cualquier posible negociación con Marruecos.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular reclama que España ratifique el cumplimiento del mandato de la OACI y Naciones Unidas, mantenga la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental a través de ENAIRE y del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Canarias, informe de forma permanente sobre las negociaciones con Marruecos y someta cualquier eventual modificación a debate parlamentario.
