Imagen de archivo de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza

Los informes técnicos desfavorables impiden autorizar la ampliación de un establecimiento con 308 plazas y la conversión de una vivienda en una villa turística de 14 plazas

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha acordado denegar la autorización de dos proyectos turísticos en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, al detectar los informes técnicos incumplimientos de la normativa que impiden su aprobación.

El primero de los expedientes corresponde a la ampliación de un establecimiento turístico con 154 unidades alojativas y 308 plazas. El informe del Departamento de Ordenación Turística determina que la zona norte de la ampliación dispone de tres plantas que no están comunicadas mediante ascensor, incumpliendo la normativa aplicable.

Además, según recoge el expediente, no consta una dispensa concedida por el Gobierno de Canarias, por lo que el Consejo de Gobierno ha desestimado la autorización y clasificación provisional solicitada para la ampliación.

El segundo proyecto plantea el cambio de uso de una vivienda unifamiliar para convertirla en villa turística, con una unidad alojativa y capacidad para 14 plazas.

En este caso, la resolución señala que la capacidad propuesta no se ajusta a la realidad preexistente de la vivienda y que su distribución y accesos no impiden la contratación por habitaciones o la coincidencia de diferentes usuarios. También indica que el inmueble no dispone de todos los equipamientos mínimos obligatorios.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, señaló que ambas decisiones “responden a criterios técnicos y al cumplimiento de la normativa”.

“La ordenación turística exige rigor y seguridad jurídica, especialmente en una isla que debe gestionar con responsabilidad su capacidad alojativa y su territorio”, afirmó.

Betancort añadió que “cada proyecto debe acreditar que cumple las condiciones establecidas antes de obtener una autorización turística”.

Por su parte, el consejero de Política Territorial, Jesús Machín, explicó que “los informes técnicos detectan incumplimientos concretos que impiden autorizar ambos proyectos en los términos planteados”.

“La obligación del Cabildo es aplicar la normativa y garantizar que las actuaciones turísticas que se desarrollen en Lanzarote cuenten con todas las garantías”, añadió.

Machín recordó que el Cabildo continúa trabajando en la actualización de los instrumentos de ordenación territorial para establecer un marco que aporte seguridad jurídica y permita compatibilizar la actividad económica con la protección del territorio.