La Graciosa

El Gobierno de Canarias dirige actualmente una veintena de obras hidráulicas en todo el Archipiélago por un importe superior a los 60 millones de euros, entre las que figuran actuaciones estratégicas para Lanzarote y La Graciosa.

El dato fue expuesto durante la celebración de la vigesimosexta Comisión Permanente de Aguas de Canarias, órgano de análisis y planificación sobre el ciclo del agua en las islas, que reúne periódicamente al Ejecutivo autonómico con los siete consejos insulares de aguas.

Entre los proyectos destacados se encuentran el abastecimiento y saneamiento en La Graciosa y la ampliación de la depuradora de Playa Blanca, en Lanzarote, dos actuaciones incluidas dentro de la planificación hidráulica que dirige directamente el Gobierno de Canarias con fondos propios de la Comunidad Autónoma.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, destacó que se trata de “proyectos estratégicos en cada isla” y subrayó que con estas actuaciones el Ejecutivo autonómico cumple también con la función de aportar cohesión territorial al desarrollo de Canarias.

La reunión se celebró en la sede del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y sirvió para analizar el estado de tramitación de los planes hidrológicos insulares y sus correspondientes planes de gestión del riesgo de inundación. Estos documentos son coordinados por el Gobierno de Canarias, elaborados por los consejos insulares y deberán remitirse a la Unión Europea antes de que finalice 2027.

Miranda agradeció a los consejos insulares “el esfuerzo realizado en los tres últimos años para combatir la crisis hídrica de 2023” y recordó que Canarias aún no tiene noticias del Estado sobre la subvención anual de 20 millones de euros para obras hidráulicas correspondiente a 2026.

Según explicó el consejero, esta subvención estatal compromete este año a ocho proyectos en las islas. Miranda avanzó que espera mantener a partir de septiembre una reunión con responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para abordar este y otros asuntos pendientes.

Además del abastecimiento y saneamiento en La Graciosa y la ampliación de la depuradora de Playa Blanca, el Gobierno de Canarias dirige otras actuaciones hidráulicas en el Archipiélago, como la ampliación de desaladoras, mejoras en saneamiento, encauzamientos y actuaciones en infraestructuras de depuración y abastecimiento.

Durante la Comisión Permanente de Aguas también se analizaron servicios y guías técnicas a disposición de los consejos insulares, como la oficina virtual de apoyo para mejorar la eficiencia energética del ciclo del agua, a través del Instituto Tecnológico de Canarias, y documentos sobre implantación de energías renovables, reducción de pérdidas en redes y calidad de las depuradoras actuales y futuras.

El Gobierno de Canarias también expresó su voluntad de solicitar a la Unión Europea que la transposición de los nuevos reglamentos sobre gestión del agua tenga en cuenta las especiales circunstancias de las islas, como la fragmentación territorial y administrativa, la lejanía y la presión derivada de la llegada anual de millones de turistas.

Con estas actuaciones, el Ejecutivo autonómico mantiene abiertas líneas de trabajo vinculadas a la planificación, modernización y mejora de las infraestructuras hidráulicas, con especial incidencia en territorios como Lanzarote y La Graciosa, donde el agua, el saneamiento y la depuración son servicios esenciales para la población residente y para el desarrollo sostenible de ambas islas.

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa celebró este miércoles la Mesa Insular de Acción Social y Mayores, un encuentro de trabajo con los ayuntamientos de la isla para analizar la situación de la dependencia, la discapacidad y las nuevas bases de emergencia social y ayudas técnicas.

La reunión, convocada por el Área de Bienestar Social e Inclusión, contó con la participación del consejero del Área, Marci Acuña, y de la directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Concepción Ramírez Cuélliga, que se desplazó a Lanzarote para abordar con los municipios el estado de implantación de la Ley de Dependencia.

Durante la Mesa se trataron tres asuntos principales: el balance de la dependencia en Lanzarote y La Graciosa, con especial atención a la teleasistencia avanzada y al Servicio de Ayuda a Domicilio; la situación de los Equipos de Valoración y Orientación vinculados a la discapacidad; y las modificaciones de las bases de emergencia social y ayudas técnicas.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó que “la coordinación entre administraciones es clave para que los recursos lleguen antes y mejor a las personas que los necesitan”.

“Hablamos de dependencia, discapacidad, accesibilidad, ayudas técnicas y emergencia social, áreas que afectan directamente a la vida diaria de muchas familias de Lanzarote y La Graciosa”, apuntó Betancort.

La directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Concepción Ramírez Cuélliga, agradeció al Cabildo la invitación e indicó que Lanzarote “era la isla que mayor atraso llevaba en la resolución de los expedientes de dependencia”. Según explicó, actualmente quedan 128 personas pendientes de valoración y la previsión es que “entre la próxima semana y la siguiente” la isla pueda estar al día en esta materia.

Ramírez destacó también la evolución de los nuevos servicios públicos vinculados a la dependencia. En este sentido, informó de que el Servicio de Ayuda a Domicilio, puesto en marcha como prestación pública en mayo, cuenta ya con 50 personas dadas de alta.

Asimismo, la teleasistencia avanzada ha pasado de 126 usuarios iniciales a 508 personas con el servicio instalado. “Tenemos que seguir avanzando porque todavía hay personas en lista de espera para la teleasistencia y para el Servicio de Ayuda a Domicilio, pero estamos trabajando en ello”, afirmó la directora general.

Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, aseguró que la situación actual “no tiene nada que ver con la que existía a principio de mandato”.

“La noticia entonces era el retraso y casi una actitud de resignación por los tiempos de espera que había tanto para conseguir el reconocimiento de la dependencia como para las valoraciones de discapacidad. Tres años después le hemos dado la vuelta a esa situación gracias a políticas activas dirigidas a cambiar esta realidad”, señaló.

Acuña destacó que los nuevos servicios deben coordinarse con los ayuntamientos “para que se presten de la manera más eficaz posible” y puso también el foco en la evolución de las valoraciones de discapacidad.

“Hemos pasado de esperas de dos años y dos años y medio en 2023 a tiempos por debajo de los seis meses, que es lo que marca la ley”, insistió.

Durante la reunión, el Cabildo trasladó a los ayuntamientos las modificaciones de las bases de emergencia social y ayudas técnicas. En el caso de las ayudas de emergencia social, se mantiene el límite económico de hasta 3.000 euros.

La principal novedad se incorpora en las ayudas de emergencia técnicas, que podrán valorarse hasta el 95% del coste total cuando estén vinculadas a necesidades acreditadas de accesibilidad, autonomía personal e inclusión de personas con discapacidad.

“Estamos adaptando las bases a la realidad que viven muchas familias. Hay necesidades que no pueden resolverse con una ayuda estándar, porque hablamos de accesibilidad, autonomía personal, productos de apoyo, adaptaciones o tratamientos especializados”, explicó Acuña.

Según los datos analizados en la Mesa, Lanzarote cuenta con 6.896 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. Además, solo constan siete solicitudes que superan el umbral de 180 días, mientras que otras 308 se encuentran dentro de plazo por corresponder a fechas recientes.

El Cabildo subraya que esta coordinación con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos permitirá mejorar la atención social, agilizar los procedimientos y adaptar las ayudas a las necesidades reales de las familias de Lanzarote y La Graciosa.

Coalición Canaria ha respaldado este martes el rechazo del Gobierno de Canarias a los objetivos de estabilidad planteados por el Estado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al considerar que la regla de gasto propuesta resulta “profundamente injusta” para las Islas.

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, reclamó al PSOE que se sitúe “al lado de Canarias” ante una medida que, según los nacionalistas, limita la capacidad de respuesta del Archipiélago en un momento especialmente vulnerable por las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Medio y su impacto en los precios, los servicios públicos y la vida diaria de las familias.

“Canarias ha hecho las cosas bien. Somos una de las comunidades autónomas menos endeudadas de todo el Estado, hemos gestionado con responsabilidad y, sin embargo, el Gobierno de España pretende castigarnos impidiendo que podamos utilizar nuestros propios recursos para atender mejor a los canarios”, afirmó Toledo.

El dirigente nacionalista explicó que, mientras los ingresos de Canarias pueden crecer en torno al 9%, el Estado pretende limitar el aumento del gasto al 4%. En este sentido, advirtió de que esa diferencia supone cerca de 300 millones de euros que, en lugar de poder destinarse a reforzar la sanidad, la vivienda, la educación o los servicios sociales, podrían quedar bloqueados o destinados a amortizar deuda.

Para Toledo, “no tiene ningún sentido obligar a Canarias a ahorrar para pagar a los bancos cuando las Islas han cumplido, tienen unas cuentas saneadas y necesitan reforzar sus servicios públicos”.

Coalición Canaria sostiene que el cumplimiento de las reglas fiscales no puede convertirse en una penalización para las comunidades autónomas que han hecho una gestión rigurosa, especialmente en territorios como Canarias, que soportan sobrecostes estructurales derivados de la lejanía, la insularidad y su condición de región ultraperiférica.

El dirigente nacionalista insistió en que la regla de gasto planteada por el Estado “castiga” al Archipiélago e impide que recursos propios de los canarios puedan destinarse a mejorar la vida de la ciudadanía.

“Lo que defendemos es justo lo contrario: si Canarias hace las cosas bien y tiene recursos, ese dinero debe servir para atender mejor a los canarios, no para quedarse atrapado en una regla de gasto que no entiende la realidad de las Islas”, concluyó Toledo.