El Consejo de Gobierno aprueba el texto definitivo, fruto de un proceso de participación con más de 700 profesionales, que eleva hasta el 40% la reserva de suelo para vivienda pública y plantea reducir un 30% los plazos de tramitación urbanística
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el texto definitivo del proyecto de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, que será remitido ahora al Parlamento autonómico para continuar su tramitación.
La reforma, impulsada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, introduce cambios dirigidos a facilitar la construcción de vivienda pública, agilizar el planeamiento, reforzar la protección del territorio y dar mayor seguridad jurídica al sector primario.
Una de las principales novedades afecta a la disponibilidad de suelo destinado a vivienda pública. En suelo urbanizable, la reserva prevista pasa del 30% al 40%, mientras que en suelo urbano consolidado aumenta del 10% al 20%.
El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, señaló que la modificación pretende mantener la filosofía de la Ley del Suelo aprobada en 2017, pero adaptándola a los nuevos retos de Canarias, entre ellos el acceso a la vivienda, el crecimiento demográfico y las medidas frente al cambio climático.
«La Ley del Suelo es un instrumento clave para mejorar el acceso a la vivienda. Debemos ir de la mano para mejorar la disponibilidad de inmuebles para la sociedad», afirmó Miranda.
El texto definitivo llega al Parlamento después de un proceso de participación desarrollado durante más de un año en el que, según el Gobierno de Canarias, intervinieron más de 700 profesionales a través de 17 foros. La propuesta también ha incorporado modificaciones tras el informe emitido por el Consejo Consultivo en septiembre.
La actualización se estructura en cinco grandes ejes: mayor protección del territorio, agilización del planeamiento, incremento del suelo disponible para vivienda pública, apoyo a los municipios afectados por el reto demográfico y refuerzo del sector primario.
En materia de planificación urbanística, el Ejecutivo autonómico estima que la nueva normativa permitirá reducir alrededor de un 30% los plazos de tramitación de los instrumentos de ordenación y disminuir en un 40% la documentación necesaria.
La reforma también endurece las sanciones por infracciones, que podrán alcanzar los 600.000 euros, y amplía los plazos de tramitación para evitar su prescripción.
Para los municipios afectados por el reto demográfico se contemplan medidas como el acceso prioritario a ayudas y subvenciones destinadas a actualizar su planeamiento.
En relación con el sector primario, el proyecto permitirá viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real.
Tras la aprobación del texto definitivo por el Consejo de Gobierno, el proyecto será remitido al Parlamento de Canarias, donde deberá continuar su tramitación, debate y proceso de aprobación.
