La diputada de CC advierte de que la subida propuesta por Aena supondría un encarecimiento de los billetes y agravaría el sobrecoste de la insularidad en Canarias

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha registrado una batería de preguntas escritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para exigir al Gobierno de España que valore y asuma las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031, conocido como DORA III.

La iniciativa parlamentaria se produce después de que el informe del regulador contradiga el incremento de tasas planteado inicialmente por Aena y avale, en cambio, una reducción de las tarifas aeroportuarias para el próximo periodo regulatorio.

Valido plantea al Ejecutivo central si adoptará una posición alineada con las conclusiones de la CNMC antes de la aprobación definitiva del DORA III por parte del Consejo de Ministros, que deberá producirse antes del 30 de septiembre de 2026.

El informe de la CNMC, elaborado a solicitud de la Dirección General de Aviación Civil del propio Ministerio, concluye que las tarifas aeroportuarias deberían reducirse un 0,59% anual durante el periodo 2027-2031. Esta recomendación contrasta con la propuesta de Aena, que planteaba un incremento del 3,82% anual.

Para la diputada nacionalista, esta diferencia de más de cuatro puntos porcentuales evidencia que la subida pretendida por Aena no está suficientemente justificada. Las conclusiones del regulador refrendan, según Valido, las reclamaciones realizadas por Coalición Canaria en las Cortes Generales, donde la formación ha advertido en distintas ocasiones del impacto que tendría un incremento de las tasas aeroportuarias en Canarias.

En la exposición de motivos de su iniciativa, Valido recuerda que la CNMC sustenta su recomendación en tres ajustes principales: revisar al alza las previsiones de tráfico del 1,3% al 2,2% anual, reducir los gastos de explotación en 741,5 millones de euros al considerar que el crecimiento de costes propuesto por Aena no está justificado, y rebajar el coste de capital, el denominado WACC, del 9% al 7,4%, en línea con la regulación europea y la práctica en otros sectores regulados.

La diputada de CC subraya que su formación, en sintonía con el Gobierno de Canarias, ha trasladado reiteradamente al Ejecutivo central la preocupación existente en las islas por el impacto de la política tarifaria de Aena sobre los aeropuertos del Archipiélago y sus usuarios.

Coalición Canaria ha reclamado en distintas ocasiones que la regulación aeroportuaria incorpore el principio de suficiencia y equidad territorial para los territorios insulares. En este sentido, Valido considera que el informe de la CNMC avala la preocupación expresada tanto por el partido como por el Gobierno autonómico, al señalar que las pretensiones de Aena no contaban con una base técnica sólida.

Valido incide, además, en la singularidad de Canarias en materia de conectividad aérea. Al tratarse de un territorio insular y ultraperiférico, el transporte aéreo no constituye una alternativa más, sino la vía esencial de conexión con el resto del Estado y con el exterior.

Por ello, advierte de que cualquier incremento injustificado de las tasas aeroportuarias puede acabar trasladándose al precio de los billetes, agravando el sobrecoste de la insularidad y de la doble insularidad que ya soportan los residentes, el tejido productivo y el sector turístico canario.

La diputada pregunta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible si tiene previsto asumir las recomendaciones de la CNMC y aprobar una reducción de las tarifas aeroportuarias en el periodo 2027-2031, en lugar del incremento propuesto por Aena.

Asimismo, Valido solicita al Gobierno español que explique qué valoración hace del informe del regulador y de sus conclusiones, especialmente ante la brecha existente entre la propuesta de Aena y las recomendaciones de la CNMC.

Coalición Canaria insiste en que el futuro marco aeroportuario debe tener en cuenta la realidad territorial de Canarias y evitar que decisiones tarifarias no justificadas penalicen la movilidad de los residentes, la competitividad de las empresas y la actividad turística del Archipiélago.