
Oswaldo Betancort y Jesús Machín destacan que la inspección “no responde a anuncios, sino a decisiones administrativas para aplicar la ley y aliviar la presión sobre la vivienda”
El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Ordenación del Territorio, ha retirado 896 viviendas vacacionales del mercado turístico entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 como resultado de la intensificación de las labores de inspección y control. En ese periodo, el número de viviendas vacacionales registradas en la isla ha pasado de 8.209 a 7.313, según los datos oficiales del registro insular.
La retirada de estas viviendas responde, principalmente, a la detección de irregularidades administrativas, entre ellas la falta de licencia de actividades clasificadas, obligatoria para el ejercicio legal de la actividad, y la ausencia de inscripción en el Registro de la Propiedad, requisito imprescindible para su regularización como alojamiento turístico.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha señalado que “la reducción de casi 900 viviendas vacacionales en un solo año es el resultado de decisiones administrativas concretas y no de anuncios”, subrayando que la política insular en materia de vivienda se centra en aplicar la normativa vigente y corregir situaciones irregulares que estaban generando una presión añadida sobre el acceso a la vivienda.
Durante el año 2025 se han producido de forma simultánea bajas derivadas de las actuaciones inspectoras y nuevas altas en el registro, lo que confirma que el mercado continúa activo, aunque ahora sometido a un proceso de depuración continuada orientado al cumplimiento de la normativa.
Por su parte, el consejero de Ordenación del Territorio, Jesús Machín, ha explicado que la retirada de estas viviendas “abre la posibilidad de que puedan incorporarse al mercado residencial, contribuyendo a aliviar la presión existente sobre el alquiler y la compra, especialmente en las zonas donde existe una mayor competencia entre el uso turístico y el uso residencial”.
Machín ha añadido que la mayor parte de las viviendas retiradas se concentran en núcleos turísticos, donde la presión sobre el territorio y los servicios públicos es más elevada. En este sentido, ha señalado que la reducción de viviendas vacacionales “también contribuye a frenar el aumento de plazas turísticas sin incrementar el número de visitantes, lo que se traduce en una menor presión sobre los servicios públicos y una mejora del equilibrio entre actividad económica y calidad de vida”.
El Cabildo de Lanzarote se convierte así en la primera isla de Canarias en actuar de forma decidida y sostenida en la regulación de la vivienda vacacional, pasando de una etapa de inacción a una intervención directa, medible y continuada en el tiempo. Este modelo de actuación, basado en la inspección y el cumplimiento normativo, está siendo observado como referencia en el conjunto del archipiélago al demostrar que la regulación es posible y eficaz.