
David Toledo y Narvay Quintero: “Mercosur obliga a agricultores y ganaderos canarios a competir en desigualdad y pone en riesgo el paisaje”
Coalición Canaria anunció este martes una estrategia coordinada en las instituciones canarias y estatales para oponerse al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que supone una grave amenaza para el futuro del sector primario en Canarias.
El secretario de Organización del partido, David Toledo, explicó que la formación impulsará mociones en ayuntamientos y cabildos, así como iniciativas en el Parlamento de Canarias, el Congreso y el Senado, con el objetivo de frenar un acuerdo que, a su juicio, perjudica de forma directa a ganaderos y agricultores del Archipiélago.
“Toledo advirtió de que el tratado obliga a los productores canarios a competir en desigualdad de condiciones, debido a las diferencias en costes laborales, tratamientos fitosanitarios y zoosanitarios y exigencias ambientales, lo que encarece la producción local frente a importaciones más baratas procedentes de terceros países.
Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, alertó de que el acuerdo pone en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones. “Es como si un equipo jugara con once jugadores y otro con veinticuatro y tres porteros”, ejemplificó, para describir la desventaja competitiva.
Coalición Canaria también advirtió del impacto negativo del marco financiero plurianual y de la pérdida efectiva del POSEI, así como de los efectos que ya han tenido otros acuerdos comerciales, como el firmado con Marruecos, especialmente en el cultivo del tomate canario.
La formación nacionalista reclamó la inclusión de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales para garantizar que los productos importados cumplan los mismos estándares de calidad, sanidad y seguridad alimentaria que los exigidos a los productores europeos.
Asimismo, CC exige medidas compensatorias específicas para las explotaciones agrarias de Canarias y una evaluación del impacto del acuerdo en las Regiones Ultraperiféricas (RUP), defendiendo que la respuesta debe darse desde la unidad de todas las instituciones para proteger el sector primario y el paisaje agrario del Archipiélago.