Patricia Suárez reclama una reforma legal que restablezca las ayudas por cese de actividad a su padre y a otros plataneros sin ingresos, pese a contar ya con una sentencia judicial, el respaldo del Defensor del Pueblo y un acuerdo unánime del Congreso
“No voy a parar hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez acabe con el injusto calvario al que somete a mi padre”. Con estas palabras resume Patricia Suárez Calero, hija de un agricultor platanero de La Palma afectado por el volcán, la lucha que mantiene desde hace dos años para que, según explica, se reconozca el derecho de su padre a seguir percibiendo la prestación por cese de actividad.
Patricia reclama una reforma legal que restablezca las ayudas por cese de actividad a su padre y a otros plataneros sin ingresos, pese a contar ya con una sentencia judicial, el respaldo del Defensor del Pueblo y un acuerdo unánime del Congreso, porque considera que “por sentido común, pero también por justicia”, estas ayudas deberían mantenerse mientras los agricultores no obtienen nuevas cosechas.
Según su relato, su padre perdió casi todas sus fincas bajo la lava del Tajogaite y solo pudo salvar alrededor del 25% de sus plataneras, mientras que el 75% restante quedó sepultado por lava y ceniza, lo que le habría impedido resembrar las fincas que durante décadas sostuvieron a la familia. Pese a ello, asegura que la Seguridad Social le retiró la prestación por cese de actividad cuando resembró la única platanera que logró conservar, aun sin obtener ingresos de una nueva cosecha.
Patricia explica que en septiembre de 2024 el Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife dictó una sentencia que reconoce que su padre tendría derecho a la ayuda extraordinaria por cese de actividad prevista en el real decreto ley que prorrogó las medidas excepcionales tras la erupción, con efectos económicos desde el 1 de julio de 2023 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, por un importe equivalente al 70% de la base mínima de cotización o hasta que obtenga una nueva cosecha.
Sin embargo, siempre según su versión, la mutua recurrió el fallo en octubre de 2024 y la resolución aún no es firme. “Aunque lo fuera, solo cubriría los primeros seis meses de una situación que se prolonga ya durante años”, lamenta. Por ello, insiste en que “la ayuda debe reconocerse con efectos retroactivos, porque mi padre no ha tenido ingresos desde que el volcán se llevó nuestras fincas”.
En estos dos años, Patricia asegura haber llamado “a todas las puertas posibles”: ministerios, mutua, Cabildo de La Palma, Gobierno de Canarias y Gobierno estatal. Entre las reuniones que dice haber mantenido se encuentra también la celebrada con el comisionado para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, cuyo caso ha expuesto en la web solidaria ElValledeAridane.com, impulsada por la asociación Tierra Bonita.
Afirma que confiaba en que el caso de su padre se incluyera en el real decreto ley aprobado el 25 de noviembre, que permite al Gobierno de Canarias emplear remanentes para indemnizar con 100 millones de euros a los agricultores, prorroga la suspensión de créditos y amplía la bonificación del 60% del IRPF.
“Ese habría sido el momento ideal para introducir la modificación que permita restablecer las ayudas por cese de actividad a quienes no tienen ingresos mientras esperan la cosecha y reconstruyen sus fincas, y hacerlo además con carácter retroactivo; pero nos han vuelto a ignorar y mi familia está muy indignada”, sostiene.
Según relata, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, decidió finalizar por ahora sus actuaciones después de que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones respondiera por escrito que asumía la recomendación de restablecer estas ayudas, incluso de forma retroactiva, para quienes, aun reanudando parcialmente la actividad, no tienen ingresos hasta recoger la fruta replantada.
No obstante, Patricia indica que el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoció que la solución requiere una norma con rango de ley, como se ha hecho en otras catástrofes. Asegura que la Secretaría de Estado llegó a señalar que la aprobación de esa norma podría “resultar dificultosa por la actual aritmética parlamentaria”, algo que ella interpreta como “otra excusa más”:
“A veces pienso que no sirve de nada hablar con los políticos, porque no parecen interesados en los problemas reales; mientras tanto, una familia como la mía sufre las consecuencias de una norma injusta”.
También critica el funcionamiento de las oficinas de atención a damnificados, que considera poco eficaces:
“Se abren para dar información, pero cuando vas no saben nada. En lugar de servir para recoger los problemas reales, hacerles seguimiento y promover cambios normativos que reflejen la diversidad de situaciones que vivimos los afectados. No somos números, somos personas con nombre y apellidos que seguimos sufriendo el postvolcán en carne propia”.
Patricia sostiene que el Defensor del Pueblo concluyó en junio que el Ministerio aceptaba parcialmente su recomendación y que anunció que mantendría la vigilancia sobre la adopción de medidas para que la prestación por cese de actividad cubra distintas situaciones de vulnerabilidad generadas por catástrofes naturales. Rechaza que el caso de su padre sea aislado y afirma que “no es cierto que mi padre sea el único afectado; él no fue el único agricultor que cobró el cese de actividad por suspensión total de la actividad”.
Además, asegura que su padre acumula retrasos en otras ayudas a los plataneros, como las indemnizaciones por pérdida de renta desde 2023. Considera que la bonificación del 60% del IRPF “no beneficia en nada a los pequeños agricultores porque tienen ingresos muy bajos y Hacienda ya les devuelve casi todo lo retenido”, y que la moratoria de créditos “no sirve de nada a quien no tiene ingresos y a quien ningún banco le va a prestar”. Añade que las indemnizaciones anunciadas para fincas afectadas “son una tapadera para seguir dejando fuera los abonos por pérdida de renta desde 2023”.
Según Patricia, ninguna Administración ha sabido atender las necesidades reales de los pequeños agricultores afectados, y se pregunta “por qué las ayudas al comercio o al turismo se gestionaron con mucho menos retraso, cuando la isla vive sobre todo de la agricultura”. Recuerda que la erupción fue, en sus palabras, “una catástrofe de enorme magnitud” y que recuperar suelo, infraestructuras y fincas es un proceso lento y costoso.
Pese al cansancio emocional y económico, afirma que su familia no se rinde y mantiene la esperanza de que se produzca una solución política:
“Nos lo han puesto muy difícil, hemos sufrido económicamente mucho, pero no vamos a desfallecer hasta que nos escuchen de una vez el Gobierno de Pedro Sánchez y aprueben la modificación legislativa que reclamamos”.
