El senador y expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha desistido de comparecer ante la Comisión de Suplicatorios del Senado y confía en que se levante su aforamiento en la sesión del próximo 30 de septiembre. Reitera su inocencia y su plena colaboración con la Justicia frente a las acusaciones que se le imputan.
Tranquilidad ante la instrucción judicial
El senador y expresidente del Cabildo de Lanzarote reitera su absoluta tranquilidad ante la instrucción, o en su caso apertura del juicio oral, ya decretada por el juez Jerónimo Alonso desde 2022.
San Ginés sostiene que es imposible resultar condenado por denuncia falsa cuando él nunca interpuso ninguna denuncia, y recuerda que la causa ya fue archivada inicialmente por el Tribunal Supremo.
Sobre la acusación de falso testimonio, el senador adelanta
“Repetiré lo mismo que dije como testigo en la instrucción de juicio contra Carlos Espino y en la instrucción del Supremo como acusado, porque todo lo dicho es verdad y fue corroborado con documentos oficiales aportados por Astrid Pérez como única denunciante en ejecución de un acuerdo del Consejo de Administración de los CACT, y en declaraciones mucho más expeditivas que las suyas por parte del director económico y financiero de los CACT.»
Desistimiento ante la Comisión de Suplicatorios
El 16 de septiembre de 2025, San Ginés presentó un escrito desistiendo de comparecer ante la Comisión de Suplicatorios del Senado, citada para que aportase alegaciones frente a la actuación solicitada por el Tribunal Supremo de levantar su aforamiento.
Con esta acción, da por sustanciado el trámite de audiencia y asume que el Pleno del Senado proceda a levantar su aforamiento en la sesión del próximo 30 de septiembre. En su escrito, expresó su:
“Absoluta confianza en el Estado de Derecho y mi máxima colaboración con la Administración de Justicia, al objeto de que quede aclarada mi inocencia, sin la sombra de duda que suele rodear a todo proceso penal.”
Una denuncia con evidente intencionalidad política
El procedimiento se centra en dos acusaciones: una supuesta falsa denuncia y el presunto falso testimonio.
Sobre la primera, San Ginés subraya la imposibilidad de una condena:
“Es sencillamente imposible resultar condenado por una denuncia que nunca interpuse. La denunciante fue la presidenta del PP de Lanzarote y entonces consejera de los CACT, Astrid Pérez, quien cumpliendo con su deber actuó por acuerdo del Consejo de Administración de dicho ente público.»
San Ginés afirma que la denuncia tiene “evidente intencionalidad política” y subraya que:
“No figuran como denunciados ninguno de los miembros del Consejo de Administración que adoptaron el acuerdo de denunciar, entre los que no me encontraba, ni la denunciante que lo ejecutó, todos ellos cumpliendo con su deber. Ni tampoco aparecen denunciados por falsos testimonios quienes presentaron testimonio no solo más expeditivos que los míos, sino aportando además pruebas documentales de cuanto yo solo había esbozado.
Acusaciones sobre contratos inflados
San Ginés explica que las pruebas documentales muestran que Carlos Espino, en su etapa como consejero de los CACT, dio instrucciones para abonar cientos de miles de euros a tres empresas del padre del denunciante, con contratos inflados y sobrecostes injustificados:
En un caso, triplicando el importe de lo contratado.
En los otros dos casos, sin contrato alguno.
“Todo ello quedó respaldado por un peritaje judicial que certificó que los precios abonados superaban ampliamente los valores de mercado”, señala el senador.
