Oswaldo Betancort: “El Consorcio tiene la última palabra. La nueva concesionaria deberá invertir en mejorar la producción y reducir las pérdidas; si no, seguiremos con la rescisión del contrato a Canal”
La Asamblea General del Consorcio del Agua aprobó este lunes por mayoría acceder a la petición de Canal Isabel II, matriz de Canal Gestión, de paralizar temporalmente el procedimiento para rescindir el contrato de gestión del ciclo integral del Agua en Lanzarote mientras negocia la cesión de este a otra empresa del sector.
Con el voto en contra de los alcaldes de Tías, San Bartolomé y Haría, y la abstención de Yaiza, la mayoría de la Asamblea aprobó otorgar un plazo de 3 meses a Canal Isabel II para que negocie el traspaso de la gestión a otro operador, siempre condicionado a la aprobación de la operación por el Consorcio del Agua, como figura en el contrato firmado con Canal Gestión en 2013.
“El Consorcio tiene la última palabra. No se trata de cambiar una empresa por otra; la nueva concesionaria tendrá que invertir en mejorar la producción y reducir las pérdidas del servicio. Si no es así, seguiremos adelante con la rescisión del contrato a Canal”, según señala el presidente del Consorcio y del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort.
La propuesta del Consorcio del Agua de Lanzarote, a la petición del actual operador de aplazar el procedimiento de rescisión del contrato, establece que el nuevo concesionario deberá invertir 35 millones de euros durante los primeros 5 años, reducir las pérdidas de agua desalada hasta el 30 por ciento (actualmente superan el 56 por ciento) y que la subida de tarifas anuales sea del IPC más un punto y sólo en base a los costes variables y no a la totalidad de la factura que incluye también los costes fijos.
“Canal Isabel II ahora nos toma en serio”
El consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, considera que “el enorme esfuerzo y trabajo realizado por los servicios jurídicos y técnicos del Cabildo y del Consorcio ha dado sus frutos y ha hecho que Canal Isabel II ahora nos tome en serio. Han pasado de amenazar a los miembros del Consorcio con emprender acciones legales si se rompía el contrato a pedirnos tiempo para negociar su salida”.
En la Asamblea General del Consorcio celebrada esta mañana en el Cabildo Insular se dio cuenta del completo informe técnico y jurídico de 104 páginas, elaborado por la responsable jurídica del contrato, que rechaza las alegaciones presentadas por Canal Gestión en el procedimiento para resolver el contrato, y se reitera que la resolución obedece a incumplimientos graves del acuerdo contractual como la ejecución del Plan de Explotación que ha llevado a que las pérdidas de agua sean superiores al 56 por ciento, muy lejos del objetivo requerido.
El Consorcio del Agua de Lanzarote aprobó por unanimidad el pasado 10 de abril, en Asamblea General Extraordinaria, iniciar el procedimiento para la resolución del contrato de concesión a Canal Gestión Lanzarote de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización de las islas de Lanzarote y La Graciosa, según el artículo 213.6 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Reclamación a Canal y reglamento de la Comisión de Investigación
Los miembros de la Asamblea aprobaron también admitir el recurso de reposición de Canal Gestión sobre el expediente de reclamación de 1,5 millones de euros por una subida de tarifas del agua, aprobada en la pasada Legislatura.
“Se trata de un defecto de forma que ya hemos corregido y el expediente sigue adelante para que Canal devuelva el millón y medio de euros que pagaron los anteriores responsables del Cabildo por una subida de tarifas que fue rechazada por la Comisión de Precios de Canarias”, según detalle el consejero Cejas. Este punto contó con el voto en contra de los Ayuntamientos de Tías, San Bartolomé y Haría y la abstención del alcalde de Yaiza.
También se dio el visto bueno por unanimidad al reglamento que regirá la creación y funcionamiento de la Comisión de Investigación, aprobada en la anterior Asamblea del Consorcio, para determinar los motivos de la desaparición de documentación oficial (actas de las Asambleas) de la empresa pública Inalsa durante el anterior mandato.