La concejala Mariana Pérez asegura que “el presidente del Cabildo no puede desconocer lo que firma ni generar confusión sobre sus propias decisiones” y reclama “menos ruido y más gestión” en la isla.
El Ayuntamiento de Tías aclara a la ciudadanía que la autorización de la antena en el Paisaje Protegido de La Geria fue otorgada por el Cabildo de Lanzarote y firmada por su presidente, Oswaldo Betancort. Resulta contradictorio que, tras emitir la autorización, se pretenda ahora trasladar responsabilidades o anunciar conversaciones con la compañía telefónica.
“El presidente del Cabildo no puede desconocer lo que firma ni generar confusión sobre sus propias decisiones. Lo que la isla necesita no son ocurrencias ni rectificaciones constantes, sino un trabajo serio y responsable. Hoy hablamos de la antena, ayer de un documento sobre energías renovables en el que primero aceptó el 4 % de suelo y luego contradijo su propia firma”, señaló la concejala del área responsable del Ayuntamiento de Tías, Mariana Pérez.
En lo que respecta a los espacios naturales protegidos, la legislación es clara: el Cabildo es la administración competente para autorizar cualquier actuación en el Parque Natural de La Geria. El Ayuntamiento sólo puede tramitar licencias cuando cuenta con la autorización previa y vinculante de la institución insular.
Asimismo, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad refuerza que estas competencias recaen en las administraciones gestoras, en este caso los cabildos insulares. Por otro lado, la Ley 11/2022 de Telecomunicaciones, en aplicación de la normativa europea, declara las infraestructuras de telecomunicaciones como servicio de interés general y obliga a las administraciones a garantizar la conectividad como elemento esencial para la igualdad de oportunidades, la cohesión territorial, el impulso al teletrabajo y la conciliación, la reducción de desplazamientos y la descarbonización.
Por tanto, autorizar una antena en suelo protegido exige cumplir la normativa ambiental y urbanística, pero también responde al mandato legal de garantizar la conectividad como un derecho social y un servicio público del siglo XXI.
“El Cabildo no puede desviar la atención ni confundir a la ciudadanía. La normativa es clara y la responsabilidad también. Lanzarote necesita menos ruido y más gestión”, concluyó la concejala Mariana.
