Nuestro país en las últimas décadas ha dado pasos de gigantes en la conquista de derechos que hasta hace más bien poco, nos parecían utopías pero, al mismo tiempo que los conseguíamos, salían a la luz conductas intolerantes de sectores de la sociedad que todavía siguen anclados en la parte más rancia de la historia de España. Curiosamente, se han conseguido polarizar los pensamientos y opiniones de la ciudadanía, sin pensar en las consecuencias y, todo ello, bajo un supuesto paraguas llamado libertad de expresión.
Se han comenzado a cuestionar derechos y libertades, que la sociedad ya daba por conquistas exitosas, innegociables y asumidas con naturalidad por la ciudadanía española.
Siempre, el colectivo LGTBIQ+ ha sido señalado, cuestionado, analizado y criticado. Los ataques por delitos de odio contra este colectivo son un hecho incuestionable en todo el mundo, tanto de forma verbal como física. Los logros conseguidos durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero hicieron pensar que en España la igualdad plena se había conseguido, pero la aparición de la extrema derecha y la banalización de su discurso han hecho que volvamos a enfrentarnos al miedo a retroceder.
Agresiones como la que ha sufrido una pareja de jóvenes este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife solo nos devuelven a la realidad, nos recuerda que la LGTBIfobia está presente en nuestro trabajo, en nuestro edificio, en la plaza por la que paseamos, en definitiva, en nuestras vidas.
Para muchas personas sigue siendo llamativo que dos individuos del mismo sexo se den la mano, un beso o una simple muestra de cariño en público, algo que nadie se cuestiona cuando lo protagoniza una pareja heterosexual, lo que provoca que, en determinadas ocasiones, algo tan elemental para un ser humano como demostrar sus sentimientos se convierta en un acto que puede poner en peligro su integridad, una sensación desagradable que experimentamos casi a diario las personas LGTBIQ+.
La falta de políticas que ayuden a visibilizar este tipo de conductas en los medios de comunicación o de dar más protagonismo a personas referentes que puedan ayudar a romper estereotipos siguen siendo cuestiones que la sociedad debe abordar sin miedos ni reparos.
Todo ello debe ir acompañado por un marco legislativo amplio que ampare y proteja los derechos de todas y cada una de las personas LGTBIQ+. Llevamos años asistiendo a bloqueos para que no culmine la aprobación definitiva de leyes estatales y autonómicas de igualdad LGTBIQ+, que penalicen las agresiones verbales y físicas que sufre el colectivo a diario, para que no sea gratuito coartar la forma de ser y amar en libertad.
Es hora de aprobar una ley trans que dé respuesta a las numerosas cortapisas a las que se enfrentan estas personas, una reivindicación del colectivo desde la aprobación en el 2014 de la Ley de “no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales” por parte del Parlamento de Canarias, cuyo desarrollo normativo el gobierno saliente no ha conseguido llevar a cabo, demostrando así su falta de interés en esta materia.
Comienza un nuevo ciclo en Canarias, y hechos tan desagradables como el acaecido recientemente en las islas solo debe ayudarnos a encender las luces de alarma. El problema existe y tenemos en nuestras manos poder frenar y erradicar la LGTBI fobia presente en nuestra sociedad. Con un Gobierno comprometido, trabajando codo con codo con los colectivos, estoy seguro de que esta legislatura será diversa y llena de éxitos que redundarán en la calidad de vida de toda la sociedad canaria.